Jugar a la tolerancia

La constante inacción de la autoridades del gobierno del Distrito Federal frente a las continuas agresiones y desmanes de todo tipo de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otros manifestantes de diversas condiciones y demandas a muchos habitantes de la Ciudad de México, ha provocado pensar que en la capital del país la ley es letra muerta o que, al menos existen grupos a los que se les permite todo y ellos mismos lo saben.

También hay quienes —analistas, opinadores, políticos, ciudadanos comunes y corrientes— que suponen (suponer no significa saber o tener información fidedigna) que la inacción del gobierno del Distrito Federal es parte de un presunta estrategia para, según eso, evitar males mayores o simplemente para que el gobierno de la capital de la República no vaya a ser acusado de “represor”.

Pero hay algunos que llevan esa suposición o, si se quiere, especulación y afirman que esta “estrategia” está pactada entre los gobiernos de la Ciudad de México y el federal en aras de evitar mayores problemas con probables protestas por las siguientes reformas que pretende la administración del presidente Enrique Peña Nieto, especialmente la necesaria, controversial y crispadora reforma energética, en algo así como correr el riesgo y pedir comprensión a la mayoría ciudadana que cada día está más harta de manifestantes y que entenderá que las reformas valen tanto la pena que hay que soportar agresiones, desmanes, pérdidas económicas, destrucción, robos, lesiones, daño a propiedad ajena y pública, y muchos delitos más, cuyas penas se libran con una fianza gracias a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El escribidor también supone (de saberlo utilizaría el verbo preocupar) que esos dos gobiernos no deben tener asesores de tan poca monta para hacerles creer a sus asesorados, que también supone inteligentes, que su inacción les va a redituar mejores ganancias políticas, aun cuando se sigan viendo en el espejo de sus propias encuestas, y mucho menos cuando faltan menos de tres meses para que el atraco fiscal se comience a sentir directamente en los bolsillos de los mexicanos que pagan impuestos.

Si los gobernantes de la ciudad y del país son inteligentes y tienen asesores con la misma condición deberían de tomar muy en cuenta que la tolerancia originada en la corrección política y no en la aplicación de la ley sólo es aplaudida por un pequeño grupo social que se supone a sí mismo con una superioridad moral frente a sus conciudadanos.

Aquellos que no están en ese pequeño círculo piensan y actúan diferente. Ahí están los hechos del jueves 17 en el barrio de Tepito, donde comerciantes de la zona (llena de ambulantes, por cierto) arremetieron contra los miembros de la CNTE que tuvieron la brillante idea de hacer pasar su “manifestación” con rumbo a la Cámara de Diputados por esa zona. Seguramente alguno de sus líderes pensó, creyó, imaginó que “el pueblo” iba a apoyar y sumarse a“su lucha reivindicadora contra el poder burgués” o algo así.

No. A cambio recibieron golpes, insultos, amenazas, repudio. “Pónganse a trabajar”, fue el grito más repetido a ese grupo de empleados del gobierno de Oaxaca, quienes no trabajan, no enseñan, ni siquiera asisten a sus lugares de empleo, pero a cambio reciben sus quincenas y su bono por el inicio de clase: mil millones de pesos, de acuerdo con el reportaje publicado esta semana aquí en Excélsior, por dos meses de inasistencia a trabajar. Recuerde: ese dinero no es del gobernador Gabino Cué; es de los ciudadanos que pagan impuestos.

Los gritos de los tepiteños contra los miembros de la CNTE son o deberían ser una alarma a los gobiernos federal y estatales ante su decisión de dejar cumplir la ley en las calles.

¿Con qué autoridad moral (la moral no está en la ley, es cierto) podrían detener a los presuntos agresores de la CNTE?

O ¿detener a un automovilista en sentido contrario por una manifestación? O ¿a quien se estacione en un lugar prohibido y “argumente” que lo hace en protesta por alguna reforma o el aumento de los impuestos? O ¿a quien en pandilla participe en un enfrentamiento en cualquier calle o colonia? ¿Qué pasará el día que un automovilista atropelle, por las buenas o por las malas, a algunos manifestantes o un ciudadano común y corriente saque un arma y dispare contra aquellos que supone lo agreden o uno de los afectados económicamente por los plantones actué por su cuenta? Esto, por lo bajito. ¿Por qué tolerar a unos y no a los otros?

Ojalá que la gota de agua que hoy fue Tepito no se vaya a convertir en un huracán, de esos que casi siempre nos agarran desprevenidos.

La tolerancia, bien social y tan bien vista por los tan políticamente correctos, también sienta precedentes. En muchos casos y con el tiempo, lo tolerado se convierte en un derecho. Pero en lo inmediato provoca a los afectados por las acciones toleradas, quienes exigirán la misma tolerancia para iguales o peores acciones. No se espanten: nadie (al menos el escribidor) está pidiendo a las autoridades que “masacren” (en referencia al “Síndrome de Tlatelolco”) a ningún manifestante. Es más simple y democrático: que la ley vigente impere para todos. La libertad y la tolerancia tienen como límites (ni modo, es el costo de vivir en sociedad) los que marcan las leyes, por encima de las interpretaciones y los intereses de los gobernantes. Se llama Estado de derecho y está por encima de cualquier “estrategia política”.