Frentes Políticos
I. Dolor y rabia. No pero sí. El gobierno federal mostró ayer a detalle, paso a paso, cómo operaron los asesinos de casi medio centenar de personas. Las versiones de este capítulo negro de México coinciden y se entrelazan. Fue Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, ...
I. Dolor y rabia. No pero sí. El gobierno federal mostró ayer a detalle, paso a paso, cómo operaron los asesinos de casi medio centenar de personas. Las versiones de este capítulo negro de México coinciden y se entrelazan. Fue Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, quien reveló la confesión de tres detenidos que operaron esta atrocidad. Pese a todo, los normalistas siguen en calidad de desaparecidos hasta que no termine la investigación. Los padres se niegan a aceptarlo sin la comprobación forense. Arañan una última esperanza. México en duelo.
II. De pesadilla. Horas antes, el desencanto se vio reflejado en el rostro de los familiares de las víctimas, quienes se reunieron con el procurador Murillo Karam. A ellos, antes que a nadie, les dio los pormenores de lo ocurrido en la madrugada del 27 de septiembre. El presidente Enrique Peña Nieto no tardó en expresarles su solidaridad e indignación. Dijo que no basta con la captura de los autores intelectuales y se comprometió a que se detendrá a todos los que participaron en esos crímenes “abominables”. A los padres de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto les aseguró que su gobierno no cejará hasta que se haga justicia. El impacto es brutal.
III. Lo increíble. Mientras los padres de familia de los normalistas pidieron resultados con pruebas y se resisten a dar por muertos a sus hijos, la opinión pública digiere la barbarie y los medios internacionales se refieren a nosotros como el país de la nota roja, un juez —cualquiera que sea—permitió que Noemí Berumen, quien encubrió al matrimonio Abarca, esté libre. Pagó una fianza. El mensaje es una losa: encubrir a delincuentes, acusados de un multiasesinato, no es un delito grave. Otra afrenta para las víctimas de esta locura. ¿En qué piensan los jueces?
IV. Lo administrativo. El gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega, reconoció que no ha sido fácil proponer una terna al Congreso del estado para el gobierno municipal de Iguala, tras la solicitud de permiso de Luis Mazón. “Estamos buscando que la persona que quede garantice la armonía y la paz en el municipio. Tenemos un posible candidato, un médico del Politécnico, pero tiene 80 años”. Menudo lío. Este fin de semana enviará al Congreso local los perfiles de los tres posibles aspirantes a gobernar Iguala. El dolor no acabará nunca y la recomposición llevará su tiempo, pero es primordial saber si se vigila a Iñaky Blanco, el exfiscal de Guerrero, y a Ángel Aguirre, personajes, digamos, susceptibles a la fuga.
V. Atascados. La falta de un director y la exigencia gubernamental de regresar a clases entramparon las negociaciones de la segunda mesa de diálogo entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y autoridades federales. La próxima reunión será el lunes. Fernando Serrano, subsecretario de Educación Superior de la SEP, aseguró que no está atorado el diálogo con estudiantes. Qué bueno que las partes dialoguen. Qué mal que los estudiantes mantengan el paro de actividades. La pelota está en cancha de los politécnicos. Inmóvil.
VI. Encarrerados. Emilio Gamboa, Jorge Luis Preciado y Manuel Bartlett, coordinadores de PRI, PAN y PT en el Senado, exigieron que la PGR atraiga el caso Morelos y se investigue a los siete diputados locales sobre quienes existen averiguaciones que dan cuenta de su relación con grupos criminales. Consideraron que, en adelante, debe prevenirse cualquier situación para que no vuelva a ocurrir un caso como el de Iguala. Para nadie es un secreto las acusaciones sobre Alfonso Miranda, del PT y exalcalde de Amacuzac, a quien señalan de formar parte de Los Rojos, banda rival de los sanguinarios Guerreros Unidos.
