El uso legítimo de la fuerza

Max Weber explicaba con claridad que el Estado, en aras de mantener el orden, es el único máximo centro de imputación de la norma legítimamente facultado para ejercer la coacción física. Por esto, toda violencia fuera del Estado es ilegítima. Pero el propio Estado debe tener límites al momento de utilizar la violencia en contra de sus ciudadanos. Por eso es tan importante que existan leyes del uso legítimo de la fuerza, en donde se establezcan los límites claros del uso de la misma, y, sobre todo, un catálogo de situaciones en donde sea requerida. Esto otorga una certidumbre jurídica a los miembros de las fuerzas públicas y también a la ciudadanía, de que serán respetados sus derechos fundamentales.

Lamento el uso político que le han dado a esta legislación en Puebla que derivó en ponerle el mote de Ley bala. Una ley trascendente como ésta no puede ser usada para atacar a ningún funcionario. Una cosa es la ley y la otra muy distinta es el presunto mal actuar de elementos policiacos. La legislación puede contener omisiones y puede requerir mejoras, pero lejos de toda discusión establece un límite en la actuación del Estado en contra de los ciudadanos.

El caso terrible y triste de José Luis Tehuatle, un niño de 13 años que muere después de diez días de complicaciones debido a un proyectil que se le impacta en la cabeza, en la manifestación y posterior desalojo de la carretera en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio, fue el hecho que llevó al gobernador de la entidad a pedir al Congreso del Estado que abrogue la recién aprobada ley, que para algunos es polémica.

El caso ha sido utilizado para atacar al gobernador entre una guerra de dimes y diretes en donde ambos bandos se culpabilizan por la muerte del menor. El gobierno del estado dice que fue un cohetón lanzado por los mismos manifestantes. Los pobladores dicen que fue una bala de goma disparada por la policía en su afán de controlar a los manifestantes.

La gravedad del caso requiere de una profunda investigación; de peritajes incluso independientes y, si es necesario, de reconocidas instituciones extranjeras en la materia. Y lo más importante, encontrar al culpable, pero fuera de toda duda.

Lo que no tiene lógica es que si la versión del gobierno del estado es que los manifestantes causaron la muerte de José Luis, abdique de una ley, que dicho sea de paso cumple con criterios de ONG y gobiernos muy respetuosos de los derechos humanos, que le permitiría proteger a los ciudadanos en aras de que no se repita un caso tan lamentable.

Hoy empieza el periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro con el objetivo de aprobar la legislación secundaria en materia energética. Sin duda, uno de los temas más polémicos es el relacionado con transformar aunque sea en parte el pasivo laboral de CFE y Pemex en deuda pública. Sólo en el caso de la petrolera hablamos de 1.16 billones de pesos derivados de jubilaciones y pensiones, otorgadas en el marco de un contrato colectivo de trabajo muy conveniente para el gremio petrolero. De entrada, con una edad de jubilación de 55 años, cuando cotizaron para su retiro no más de 25 años y con una esperanza media de vida para los mexicanos de 77 años. Esto evidentemente iba a tronar algún día y ese día llegó. No se puede hacer competitiva a la empresa que tiene cerca de 160 mil empleados, con esa carga y con una productividad promedio de 15 barriles de petróleo cuando empresas como Shell tienen 90 empleados con una productividad por trabajador cercana a los 80 barriles. Si se acepta que este pasivo laboral sea deuda pública, lo primero que se debe prever es que no se vuelva a repetir un error de esta naturaleza. Y esto requiere modificaciones al contrato colectivo de trabajo que no puede ser modificado por la vía legislativa, sino con la negociación con el sindicato. Es aquí donde tenemos la mala noticia. En primer lugar, el achichincle de Romero Deschamps, el diputado Aldana, extesorero del SNTPRM, ya declaró que no se le moverá una coma a dicho contrato. Hasta el lujo de callar a sus pares se dio cuando sobre la mesa expusieron la necesidad de frenar el pasivo laboral modificando las condiciones del contrato. En segundo lugar, se ve lejos que el abuelito de Keiko, Bolly y Morgancita vayan a soltar las prebendas que tanto dinero les han dejado.

Confío en los buenos oficios de Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada del PRI para la aprobación de estas reformas fundamentales para el desarrollo del país. Y sobre todo que Beltrones asegura que se garantiza la transparencia, el combate a la corrupción en los contratos para la exploración y extracción de los hidrocarburos. De la misma forma, se obliga a los procesos de licitación, de asignaciones y permisos, que estarán apoyados por un régimen de sanciones y prohibiciones, tanto para las autoridades federales como para los particulares que participen sean nacionales o extranjeros.