La tortura
Tras la aparición del reporte del Relator de la ONU, Relaciones Exteriores lo acusó de actuar “de manera irresponsable y poco ética”.
Sólo de errores se aprende,
y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Shakira, La Tortura.
Pregunta troncal: ¿es la tortura una práctica generalizada en la procuración de justicia en México?
Falso. La pregunta esencial hoy no es ésa, sino quién grita más fuerte o quién protesta con mayor intensidad. Los protagonistas, hasta ayer eran, en una esquina, don Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores de México para Asuntos Multilaterales; en la otra, don Juan Méndez, quien desde octubre de 2010 es Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hasta ahí los personajes. Venga la historia.
Entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 —hace casi un año— Juan Méndez visitó nuestro país para estudiar el fenómeno del título de esta columna. Aparentemente lo hizo a invitación del embajador Jorge Lomónaco —representante de México ante organismos internacionales, con sede en Ginebra— pero eso es irrelevante.
No lo es el hecho de que Méndez, nacido en Lomas de Zamora, Argentina, en 1944, sí sabe de lo que está hablando. Durante su larga carrera se ha dedicado a defender los derechos humanos; a veces como miembro de Human Rights Watch, a veces como defensor de presos políticos argentinos. En esa condición, durante los años setenta, Méndez fue detenido, torturado y confinado por la dictadura militar de su país durante año y medio. Este marzo de 2015 salió a la luz el reporte de Méndez. El punto 76, primero de las conclusiones, inicia así: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. En otro párrafo igual de contundente se puede leer: “hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”. Aún hay más, claro, pero eso es lo esencial. Que no es poco.
A esto, el subsecretario Gómez Robledo, con el apoyo del embajador Lomónaco, acusó al Relator de actuar “de manera irresponsable y poco ética”. El señor Méndez se sintió ofendido por lo que consideró un “ataque personal” y afirma en una carta de cinco cuartillas a Lomónaco que “jamás esperé una acusación de México en ese sentido. Quiero dejar sentado y claro mi absoluto desacuerdo con que cualquiera de mis acciones o informes violen el Código de Conducta”.
De este modo, lo que pudo ser, como escribió el embajador don Jorge “una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse”, se convirtió en un pleito de comadres, señoritos diplomáticos ofendidos o, en el mejor de los casos, denuncia de metodologías equivocadas.
Ninguno de los protagonistas de este sainete va al punto fundamental del asunto: ¿existe o no tortura generalizada en México? Si le preguntamos a cualquier ciudadano de este país la respuesta será muy clara, y todos la conocemos. La diferencia es tonal. Para el Relator de Naciones Unidas la tortura en México es “generalizada” y Juan Méndez dice que fue presionado para cambiar el adjetivo. Para el gobierno mexicano, la tortura sí se practica, pero nomás poquito. Además, se está luchando por erradicarla. Una ocasión más desperdiciada para demostrar que México tiene una política exterior sabia y prudente.
Pilón.- ¡Dios mío! ¿En dónde vamos a encontrar tanto titiritero?
