JFK y Peña
El asesinato de JFK fue un golpe de Estado como el que quieren darle al presidente Peña.
En el contexto de la lucha contra la segregación racial, en junio de 1963, John F. Kennedy en un histórico discurso expresó que Estados Unidos “se fundó sobre el principio de que todos los hombres son creados iguales… En un momento de crisis nacional, los hombres generosos y de buena voluntad deberían ser capaces de unirse sin importar los partidos ni las ideas políticas… Es mejor solucionar estos asuntos en los tribunales que en las calles… Se busca la compensación en las calles, en manifestaciones y protestas, que crean tensiones y amenazan con transformarse en violencia… Es el momento de actuar…de grandes cambios y nuestra labor es llevar a cabo esa revolución, este cambio, de forma pacífica y constructiva para todos”.
JFK heredó graves problemas de la Guerra Fría y en el plano interno, los derivados de la crisis social, de la segregación y las tensiones raciales. Estadista visionario, idealista y pragmático, planeaba una “nueva frontera”, entre cuyos objetivos se encontraban el relanzamiento económico y la superación de los problemas sociales, particularmente la discriminación racial y la pobreza, y para ello promovió cambios legislativos de envergadura, políticas keynesianas, entre otros medios reformistas.
Empero, enfrentó poderosos intereses y resistencias en el Congreso, de las autoridades estatales y locales, así como de los poderes fácticos: las teorías sobre su asesinato muestran la diversidad de actores que fueron afectados por sus políticas y que pudieron ser sus asesinos intelectuales y materiales (Johnson, Nixon, la mafia, etcétera). Su crimen equivalió a un golpe de Estado para frenar el impulso reformista, y por ello también asesinaron a su hermano Robert, quien estaba empeñado en encarcelar a destacados mafiosos…
En México, el gobierno de Peña heredó una crisis de seguridad y social del sexenio anterior, con miles de muertos y desaparecidos. Arrastra igual un proceso golpista iniciado por AMLO en 2006, cuando desconoció el resultado electoral mandó “al diablo” a las instituciones” y declaró a Calderón como Presidente ilegítimo. Se prefabricó una “crisis de legitimidad” (se demandaba la renuncia del Presidente) y durante el sexenio calderonista se realizó una guerra de desgaste gubernamental, con la participación del crimen organizado, sospechoso de la muerte de Juan Camilo Mouriño, entre otros prominentes políticos.
Esta misma metodología se aplicó con el gobierno de Peña, aunque los obradoristas y radicales no pudieron fabricar la crisis de legitimidad (en gran parte por el Pacto por México) ni impedir la aprobación de las reformas estructurales peñistas. Ante su fracaso político, los radicales para generar “ilegitimidad” recurren a la estrategia de provocación-victimización-desinformación-polarización: en Guerrero, después de fallidas provocaciones, finalmente les funcionó lo de Iguala, gracias a la participación del crimen organizado. La maniobra es burda: generó violencia, culpó al presidente Peña, lo declaró “ilegítimo” y lo obligó a renunciar… En su lógica combatiente, entre más se tarden en encontrar a los normalistas mejor, ya que permite continuar la guerra con el gobierno a fin de desgastarlo, desacreditarlo, perseguirlo, acorralarlo y derribarlo… Han sido sus propagandistas quienes se han encargado de escalar la crisis de seguridad a una de “legitimidad”: intentan hacernos rehenes de la agenda radical como si de ella dependiera la legitimidad política del gobierno y con ello, se convierten en legitimadores de los violentos, contribuyendo a su golpismo.
El asesinato de JFK puso en riesgo la democracia, las reformas y la paz mundial. En México también corren peligro la democracia, las reformas y la paz social por la intentona golpista.
Entretelones
Cárdenas: de fundador a sepulturero del PRD.
