Desde la impunidad… empresarial

Amparado en el entorno de impunidad (práctica) en que, casi de manera endémica, opera buena parte de los grandes conglomerados privados, el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, segundo en la lista de los hombres más ricos del país, continúa recibiendo un trato de excepción tras el derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi que, amén del grave deterioro ambiental provocado en siete municipios, puso en riesgo la vida y mantiene “sin agua”, a poco más de 22 mil habitantes de la norteña entidad.

Es cierto que, ya ahora, la autoridad ambiental federal impuso una multa por 40 millones de pesos a la mina Buenavista del Cobre, causante del problema y que, en cierto modo, la empresa asumió de manera pública su responsabilidad ante el desastre suscitado, en opinión de expertos, por la criminal irresponsabilidad de operadores del fundo.

Ello, sin embargo, parece insuficiente ante el que ha sido calificado como “el mayor desastre minero (ocurrido) en la historia” y la prolongación del daño que, en un primer momento, se prevé no tendrá solución sino hasta bien entrado octubre, cuando entren  en operación una treintena de pozos que hoy se habilitan para surtir de agua confiable a miles de sonorenses y las valuaciones del mismo que, dependiendo de quién la realice, oscilan entre poco más de 400 a más de 800 millones de pesos.

A la vista el proceso de apertura que dará paso la implementación de la recién aprobada reforma constitucional en materia energética, nada parece más necesario que “sentar un precedente” que deje en claro, a nacionales y extranjeros, que toda irresponsabilidad que acabe afectando el ambiente tendrá un alto costo: la rehabilitación plena del daño suscitado, la pérdida de concesiones en caso de probarse irresponsabilidad o mala fe en la generación de los problemas y, más, el procesamiento penal de los responsables en situaciones límite… como, sin duda alguna, la que nos ocupa ahora. Ayer, por lo pronto, ya el titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, dejó entrever que el organismo prevé obligar al Grupo México a resarcir de manera absoluta el daño causado, a rehabilitar el entorno afectado y, eventualmente, a constituir un fondo (millonario) para enfrentar futuras contingencias posibles por las sustancias tóxicas derramadas en las aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi… y eso no suena nada mal.

Asteriscos

* Sintomático, revelador el nivel de ceguera (intencionada) que ante la profundísima descomposición moral que exhibe ahora un número cada vez mayor de altos mandos panistas, el llamado que ayer hiciera Gustavo E. Madero, el cuestionado administrador de turno del blanquiazul, a “dar la pelea a la guerra de narrativas” que en perjuicio de Acción Nacional emprenden, desde su perspectiva, “tanto el gobierno como los medios de información”. Irrebatible: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¡O aquel a quien no le conviene ver!

Veámonos mañana aquí, con otro asunto De naturaleza política.