¿Qué debemos cerrar?

Con tantas partidas de gasto inútil, centrar el celo presupuestal en el Fondo de Cultura Económica parece poco interesante. Basta ver los periódicos el día del Informe, con planas enteras de gobernadores felicitando al Presidente. Sin embargo, hay que aprovechar este debate para fortalecer al FCE.

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Carlos Elizondo Mayer-Serra 04/09/2014 00:57
¿Qué debemos cerrar?

¿Debemos desaparecer el Fondo de Cultura Económica (FCE)?, se pregunta Leo Zuckermann. Han salido innumerables críticos a su propuesta. No sorprende. No solemos preguntarnos qué otra cosa se podría hacer con el presupuesto del FCE o el de cualquier otra institución pública.

Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer cada año de cada partida del gasto gubernamental. Mucho del gasto público es pura inercia y tiende a aumentar porque sobran clientelas bien organizadas y con capacidad de maniobra.  Clientelas tanto dentro, en particular la burocracia que siempre tiende a pedir más plazas, como fuera, los beneficiarios de ese gasto.

Este año, el gobierno  federal, local y demás organismos van a ejercer casi un cuarto del PIB. ¿Cuánto de este dinero es para un fin justificado? ¿Cuánto de esos fines justificados alcanzaron los objetivos planteados? ¿Se pudieron haber logrado con menos dinero? ¿Cuánto de lo gastado se ejerció adecuadamente? ¿Si diseñáramos desde cero el presupuesto, qué partidas no aprobaríamos? ¿En qué otros rubros gastaríamos?

Por regla general el gobierno debería gastar sólo en aquellas actividades donde no habría inversionistas privados dispuestos a hacerlo. Ese gasto debe ser de calidad y generar bienes públicos socialmente valiosos. Los subsidios sólo deben ser dirigidos a quienes más los necesitan.

En el caso del FCE hace sentido asignarle una partida presupuestal. Primero, es baja, 238 millones de pesos. Se la gasta un gobernador promedio en propaganda en menos de un año. Esta partida se justifica no porque convenga subsidiar a los compradores de libros, quienes son, en general, de un nivel socioeconómico por arriba de la pobreza, sino porque el FCE genera un bien público: difunde conocimiento a través de un catálogo que no existiría sin el FCE, ya que no sería negocio para las editoriales privadas. Este catálogo, además, se mantiene vivo, como un fondo permanente al que se puede acceder a lo largo de los años. Las editoriales privadas pican rápido lo que no se vendió y, salvo en una pequeña proporción de su catálogo que reimprimen, viven de la novedad y de unos cuantos best sellers.

¿Pero cuántas entidades públicas deben estar en el negocio de imprimir libros? El Conaculta también lo hace, y tiene un catálogo interesante, pero más desigual y no tiene la distribución ni el alcance del FCE. La UNAM tiene su propio catálogo, aunque en línea sólo puede verse “una cuidadosa selección”. No encontré el listado completo en lugar alguno, por lo que no sé bien qué tienen; sin embargo, su distribución es aún más limitada que la de Conaculta. Casi todas las universidades públicas tienen su propia casa editorial, en general para que publiquen sus propios profesores. Sería útil saber cuánto gasta el Estado mexicano en libros y cuántos de éstos realmente se logran vender. No sólo por racionalidad administrativa. Sino más importante: para que cumplan su función: editar libros que sean leídos. Consolidar el presupuesto de publicaciones del Conaculta en el FCE podría ser una buena idea.

Ahí no acaba la actividad editorial a cargo del presupuesto público. Cada año recibo de regalo varios libros, algunos de lujo y otros no tanto, pero casi todos inútiles, de las más disímbolas instituciones: Tribunal de Justicia Electoral, Instituto Nacional Electoral, Cámara de Diputados… Esto multiplicado por varias veces, porque los organismos similares estatales son grandes impresores de libros. He buscado sin éxito saber a cuánto asciende el costo agregado de publicación de libros del sector público, sin contar los libros de texto gratuitos. No la he encontrado. Se agradece a quien me la pueda proporcionar. Sin embargo, sospecho que es varias veces el presupuesto de la FCE. Estos excesos sin duda deberían desaparecer.  

Con tantas partidas de gasto inútil, centrar el celo presupuestal en el FCE parece poco interesante. Basta ver los periódicos el día del Informe, con planas enteras de gobernadores felicitando al Presidente. Sin embargo, hay que aprovechar este debate para fortalecer al FCE. Habría que convertirlo en una verdadera institución autónoma, no constitucionalmente, de esas hay demasiadas, pero sí pensar en una estructura de gobierno que la proteja de los vaivenes políticos y que asegure que no pueda ser utilizada para la promoción de su director.

Hay mejores candidatos de instituciones públicas para desaparecer, como la Comisión de los Salarios Mínimos, conformada por 206 personas y que le cuesta al fisco 38.5 millones de pesos al año para determinar cuánto debe subir el mínimo cada año. Toda una ciencia. Ha subido 47.15 pesos en los últimos 18 años, prácticamente en la misma proporción que la inflación. Se aceptan sugerencias para añadir a la lista.

El debate en materia presupuestal no es general en tonos blancos y negros. Se da en distintas tonalidades de grises: qué partidas deberían desaparecer, qué actividades no se justifican, cuáles partidas se deberían aumentar o reducir… En los siguientes meses se discutirá el Presupuesto de la Federación. El Congreso debería responder todas estas preguntas, y nosotros, como ciudadanos, deberíamos plantearlas y discutirlas. Aun si la discusión involucra a instituciones tan prestigiosas como el FCE.

                *Profesor-investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

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