La misión del comisionado Castillo

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Alberto Begné Guerra 20/01/2014 01:51
La misión del comisionado Castillo

La creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y la designación de Alfredo Castillo para cumplir el mandato establecido por el presidente Peña Nieto, significa un vuelco sustancial en la estrategia del gobierno federal ante la más grave crisis de que se tenga memoria en una región del país, Tierra Caliente, que comprende también a municipios de otras entidades federativas. La decisión es muy clara: tomar en forma directa el control y emprender la compleja tarea de reconstruir el orden legal e institucional y el sistema de seguridad, así como formular, coordinar y ejecutar las políticas, programas y acciones gubernamentales para el desarrollo de un territorio que, en los últimos diez años, salió literalmente de la órbita del Estado y sus instituciones.

La apuesta del presidente Peña Nieto es muy alta, como bien expresó José Buendía ayer en Excélsior, en la medida en que supone asumir directa e integralmente la responsabilidad de garantizar la seguridad y la reinserción en la ruta del desarrollo de los municipios michoacanos situados en esa región, después de muchos años de negligencia, corrupción e ineficacia que, en suma, generaron una profunda descomposición en todos los frentes. Pero lo cierto es que el gobierno federal no tenía otra opción: frente a un desafío de tal magnitud, era indispensable tomar decisiones y medidas radicales. Las atribuciones conferidas al comisionado Castillo dan cuenta de ello.

Conforme al Decreto correspondiente, además de fungir como conducto de Gobernación para la coordinación interinstitucional requerida, concentrar el mando de las fuerzas públicas para combatir al crimen organizado y desarmar a los grupos de autodefensa, deberá diseñar e implementar las políticas públicas y los programas gubernamentales necesarios para restablecer las condiciones para el desarrollo económico y social de una región donde los indicadores de marginación y pobreza no sólo atentan contra los más elementales principios de equidad y dignidad humanas, sino constituyen un caldo de cultivo propicio tanto para el crimen organizado como para cualquier forma de rebelión.

La misión del comisionado Castillo es la respuesta del gobierno federal a una exigencia inaplazable. Su reto más apremiante consiste en ofrecer resultados en el corto plazo en materia de seguridad; su reto más importante es sentar las bases e impulsar un nuevo proyecto de desarrollo para la región, con una perspectiva de mediano y largo plazos. Está claro que una sin la otra carecería de sentido y efectividad. Con atribuciones propias de un representante plenipotenciario del Ejecutivo federal, en el desempeño de su misión está en juego la credibilidad del presidente Peña Nieto.

                *Socio consultor de Consultiva

                abegne.guerra@gmail.com

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