PGR toma oficinas de Grupo México

El propósito es resguardar documentos y evidencia que ayude a deslindar responsabilidades

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30/08/2014 05:39 Daniel Sánchez y Ernesto Méndez / Enviados
Por la presunta comisión de delitos contra el ambiente.

CANANEA, Son. 30 ed agosto.— En una acción inesperada, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó el control de las oficinas de Grupo México en la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el río Sonora.

Los peritos de la PGR colocaron sellos con la leyenda “asegurado” y catearon el inmueble como parte de las diligencias que realiza la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con el fin de resguardar documentos y evidencia que ayude a deslindar responsabilidades en la mayor tragedia ambiental en el sector minero en México.

La acción fue ordenada por el Ministerio Público Federal ante la denuncia presentada el pasado 18 de agosto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de Grupo México por la presunta comisión de delitos contra el ambiente tipificados en el Artículo 414 del Código Penal Federal, que contempla una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de 300 a 300 mil días de salario mínimo, es decir, de 20 mil 187 pesos a 20 millones 187 mil pesos.

El operativo comenzó a las siete de la mañana con el arribo de 10 camionetas blancas que ingresaron por la puerta número dos y aseguraron las oficinas de la Gerencia, Contraloría, Recursos Humanos, Ecología, Protección de Plantas, Hidrología e Ingeniería.

Alrededor de tres mil 500 trabajadores de mina y administrativos permanecieron retenidos alrededor de 10 horas en unos galerones donde, según trascendió, se tomaron declaraciones antes de permitirles la salida por la puerta número 10.

Excélsior pudo constatar que los empleados fueron desalojados en autobuses escolares en grupos de 30 o 40 hasta la avenida principal que conecta con la carretera federal 14, donde cada quien tomó camino a sus hogares.

A las afueras de las instalaciones, Hermenegildo Encinas Cabrera, secretario de Estadística de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, confió en que la Secretaría de Economía retire la concesión de la minera Buenavista del Cobre, pues confirman las denuncias de los extrabajadores, que iniciaron una huelga hace siete años por falta de medidas de seguridad y garantías para realizar sus labores.

“Esperemos que de una vez por todas el gobierno federal tome cartas en el asunto, en este caso la Secretaría de Economía, y definitivamente se le quite la concesión a Grupo México, porque desde junio de 2009 advertimos del riesgo ambiental que representaban las lagunas de lixiviados”, manifestó.

Los sindicalizados fieles a Napoleón Gómez Urrutia mantienen un bloqueo en los accesos principales a la mina desde hace diez días, impidiendo el ingreso de proveedores y contratistas.

Versiones sin confirmar de los integrantes de la Sección 65 del sindicato minero establecen que seis directivos de Grupo México fueron sacados en helicópteros para ser presentados ante un agente del Ministerio Público Federal.

Exigen retiro de concesión

Unos 25 manifestantes cerraron simbólicamente las oficinas de Grupo México en esta capital, exigiendo el retiro de la concesión minera, remediación total del río Sonora e indemnización a los 22 mil habitantes de siete municipios afectados por el derrame de químicos tóxicos.

Alrededor de las 8:00 horas (10:00 tiempo de la Ciudad de México) los inconformes con la mayor contingencia ambiental en la historia de la minería en el país se concentraron a las afueras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), de donde partieron en caravana hasta las oficinas centrales de la empresa que explota la mina de Cananea Buenavista del Cobre y La Caridad, ubicada en el municipio de Nacozari.

“Exigimos que Grupo México cierre sus puertas porque es una de las peores empresas en el país, atenta contra las garantías individuales de los habitantes de Sonora, sus propios trabajadores y nuestro ecosistema; su operación es un riesgo para las generaciones presentes y futuras, un atentado contra el medio ambiente”, arengó Daniel Corvera, simpatizante de movimientos de izquierda.

El contingente, integrado por estudiantes universitarios, activistas sociales y ambientalistas, mantuvo la manifestación por más de una hora a las afueras de las oficinas corporativas de Grupo México en Hermosillo, donde colgaron pancartas con mensajes solidarios para los sonorenses afectados por el derrame de químicos tóxicos.

— Daniel Sánchez Dórame

 

Dan atención a afectada

Respecto a la nota publicada ayer por Excélsior en la página 22 sobre un testimonio del caso del derrame de tóxicos en el río Sonora, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aclara que la señora Luz Mercedes Apodaca Corral sí está en la lista de quienes son atendidos por el sector salud.

“La señora Luz Mercedes Apodaca sí se encuentra en la lista de las personas afectadas y atendidas por el sector salud, debido al derrame de metales pesados en los ríos de Sonora”, señala la dependencia.

La señora Apodaca, en efecto, como publicó este diario, fue atendida en una clínica local de su municipio, Baviácora, pero lo que dijo el comisionado federal Mikel Arriola es que la afectada “no había solicitado atención médica en clínicas u hospitales del sistema de salud federal, pero desde un principio los colegas de Sonora le ofrecieron el apoyo médico local y federal”.

La Secretaría de Salud Federal, la Cofepris y la Secretaría de Salud de Sonora mantienen la vigilancia epidemiológica y el cerco sanitario en la zona afectada para proteger la salud de la población y reiteran que hasta el momento, por fortuna, no se han detectado ni reportado más personas afectadas por el derrame minero.

— De la redacción

 

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