En Reforma Energética abren puerta a IP, pero no a concesiones

El proyecto del dictamen será sometido a debate en el Senado a partir de hoy

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08/12/2013 07:03 Leticia Robles de la Rosa
David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, presentó la propuesta. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre.- La propuesta de dictamen de la Reforma Energética, dada a conocer ayer en el Senado, permite al Estado firmar contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para realizar, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo.

Sin embargo, mantiene a nivel constitucional la prohibición de concesiones a las empresas petroleras internacionales.

Los integrantes de las comisiones unidas senatoriales conocieron la propuesta trabajada por panistas, priistas y el gobierno federal, que consiste en cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como un régimen transitorio en 21 artículos del proyecto del dictamen que se somete a partir de hoy a debate en el Senado.

Se autorizará a las empresas nacionales y extranjeras “reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación”.

México sólo podrá pagar a los particulares “en efectivo para los contratos de servicios; con porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida y con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos”.

Abren a IP contratos de energéticos

La propuesta de dictamen de la Reforma Energética mantiene a nivel constitucional la prohibición de concesiones a las empresas petroleras internacionales, pero permite al Estado firmar contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia, para realizar, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo.

Además, autoriza a las empresas nacionales y extranjeras “reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentran en el subsuelo, son propiedad de la nación”.

De igual forma, aclara que México sólo podrá pagar a los particulares “en efectivo, para los contratos de servicios; con porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo”.

Ayer, los senadores integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado conocieron la propuesta de dictamen trabajada por panistas, priistas y el gobierno de Enrique Peña Nieto, que consiste en cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como un régimen transitorio de 21 artículos.

En el 25 dice que “tratándose de las actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimiento de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como un régimen de remuneraciones, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar”.

En el 27 dice que en materia de energía eléctrica no se otorgarán concesiones, “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es
inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria.

“Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.”

En el 28 mantiene a la exploración y extracción del petróleo como actividades estratégicas, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad.

Añade que “el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuya institución fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos”.

Los contratos

Es el régimen transitorio donde se establece que en un plazo no mayor de 120 días, a la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión legislará para regular las modalidades de contratación.

A su vez, detalla las formas de pago permitidas y añade que “la nación escogerá la modalidad de contraprestación, atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el pago en favor de la nación por los productos extraídos que se les trasfieran”.

Dispone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicará y firmará los contratos.

Ordena la construcción de la ley para obligar a que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, para que cualquier interesado los pueda consultar; un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos y la divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos.

Aplicaciones

De acuerdo con el senador panista, Jorge Luis Lavalle, la aplicación de los modelos de contratos dependerá del tipo de yacimiento.

Así, para aguas someras, donde Pemex no necesita de socios, se usarán contratos de servicios. Para el caso de aguas profundas y ultraprofundas, donde se requiere de una maquinaria que no tiene Pemex, se pueden utilizar los contratos de utilidad o producción compartida, mientras que para los yacimientos de gas, donde la inversión y los riesgos son elevados, aplicarán los contratos de licencia.

 

Histórico

1940

Reforma del 9 de noviembre

Se anexan líneas al párrafo 6 donde prohíbe concesiones tratándose del petróleo.

Párrafo 6. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. (La reforma fue promovida por el presidente Lázaro Cárdenas).

1960

Reforma del  20 de enero

En el párrafo 6 dispone: tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán contratos, ni subsistirán los otorgados.

Párrafo 6. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. (Texto vigente de la Constitución).

2013

Propuesta de reforma 12 de agosto

La propuesta de Enrique Peña Nieto busca la participación de la iniciativa privada nacional e internacional.

Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

 

Los órganos reguladores serán desconcentrados

Los órganos reguladores del sector energético serán desconcentrados y tendrán el poder suficiente para imponerse a los competidores del sector, establece la Reforma Energética.

Ayer, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Francisco García Cabeza de Vaca, quienes fueron los negociadores de la reforma por parte del PAN, explicaron que mantendrán su lucha legislativa por lograr la autonomía plena constitucional de estos órganos reguladores.

El proyecto de dictamen de la Reforma Energética, distribuido ayer a los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Segunda, establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se convertirán en órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión.

De igual forma, “podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratados, así como por los servicios relacionados en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones”.

Regula que si existen remanentes de estos ingresos, la comisión respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido para cada una de éstas por la Secretaría del ramo en materia de Energía, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario.

En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se dará prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá, al menos, la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos de roca obtenidos de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos del país.

 

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