Presidente Otto Pérez decreta Estado de sitio en Guatemala

GUATEMALA, 3 de mayo.– El gobierno de Guatemala decretó ayer el Estado de sitio en cuatro municipios del oriente de Guatemala para controlar la violencia desatada en esa región por las protestas relacionadas con las operaciones de una mina de capital canadiense, el asesinato de un policía, el secuestro de otros 23 y la presencia del grupo mexicano de narcotraficantes Los Zetas en esa región.

La medida, que suspende las garantías constitucionales de los habitantes de esas comunidades, fue decretada por el presidente Otto Pérez Molina, luego de que el pasado lunes pobladores de Santa María Xalapán, en el departamento de Jalapa, retuvieran por varias horas a 23 policías y les quitaran sus armas de fuego.

En el rescate de los agentes, calificado por las autoridades como un “secuestro”, murió un policía y otros ocho resultaron heridos.

Los pobladores protestaban en contra de la mina San Rafael, ubicada en el departamento de Santa Rosa y subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, cuyas operaciones fueron autorizadas por el gobierno a pesar de la oposición de los vecinos.

Pérez Molina explicó en una rueda de prensa que los municipios afectados con el Estado de sitio durante 30 días son Jalapa y Mataquescuintla (Jalapa), San Rafael las Flores y Casillas (Santa Rosa).

El secretario de Prensa, Francisco Cuevas, dijo que el Estado de sitio permitirá dar con el paradero de los miembros del grupo mexicano de sicarios y narcotraficantes de Los Zetas, que según el Ministerio de Gobernación opera en esa zona del país.

De acuerdo al jefe de Estado, la medida, que deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días, permitirá a las fuerzas de seguridad capturar a los responsables de los hechos de violencia causados supuestamente por las operaciones de la mina.

“El resultado de la investigación puede demostrar que no todo lo sucedido aquí ha sido relacionado con la mina San Rafael como algunos grupos lo han querido decir; ha habido una serie de hechos delictivos que se mezclan con el crimen organizado y otro tipo de intereses, lo que ha provocado hasta anarquía en esa región”, aseguró Pérez Molina.

Francisco Cuevas dijo que la medida decretada por el gobierno se debe, además, a que en noviembre pasado pobladores de Mataquescuintla robaron 11 mil candelas de dinamita que eran destinadas para la empresa minera.

Durante los operativos que encabeza el ministro de Defensa, Ulises Anzueto, acompañado de soldados, policías y fiscales, ya se han capturado diez personas de las 18 órdenes de captura que se libraron y a quienes la Fiscalía los acusa de los delitos de asociación ilícita, conspiración, asesinato y robo agravado.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo cual generó pánico entre los pobladores.

El mandatario justificó que el Estado de sitio es para evitar que la anarquía se apodere en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa.

“No podemos permitir hechos delictivos que llevan a la anarquía y a la violación de los derechos humanos de la mayoría de ciudadanos de esa región y los hechos ilegales contra las fuerzas de seguridad llegando hasta el asesinato”, advirtió.

A la par de la medida, Pérez Molina anunció que se ha establecido una mesa de negociación con participación de ministros de Estado y jefes religiosos de Jalapa y Santa Rosa, para buscar una solución a las protestas por la operación de la mina.

El Presidente dijo que pidió al procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, el acompañamiento durante los operativos para que se garantice el respeto de las garantías de la población que no fueron suspendidas.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Pérez Molina, quien asumió el poder el 14 de enero de 2012 para un periodo de cuatro años, suspende derechos de los guatemaltecos.

El 1 de mayo de 2012 se decretó el Estado de excepción en el municipio de Santa Cruz Barillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, luego de una violenta protesta desatada por la muerte de un dirigente campesino, supuestamente a manos de agentes de seguridad.

Los Zetas, con paso demoledor

El cártel mexicano de Los Zetas ha trasladado sus operaciones a Guatemala, penetrando las fuerzas locales de policía y los militares.

De acuerdo con el sitio especializado InSight Crime, Los Zetas han hecho alianzas con los locales que les permitan lavar sus ganancias a través de la agroindustria y de los contratos de obras públicas.

Los Zetas, alguna vez el brazo militar del Cártel del Golfo, se encuentra ahora entre los grupos más violentos de México.

No sólo están muy bien organizados, sino que el uso de tácticas crueles y de impacto –bombas molotov, decapitaciones, bloqueos de carreteras– ha llevado a la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a describirlos como, tal vez, “el más avanzado tecnológicamente, sofisticado, y violento de estos grupos paramilitares”.

No sólo han sido capaces de establecer rutas de narcotráfico a través de Guatemala y Nicaragua hacia México, sino que, como señalan los últimos informes, puede que ellos hayan cooptado una ruta de tráfico de cocaína por Venezuela y África Occidental hacia Europa, lo que representa otro mercado lucrativo para la organización.

Los Zetas han estado por mucho tiempo mejor equipados y mejor entrenados que los cárteles rivales.

En 2010 surgieron nuevas inquietudes de que Los Zetas pudieran ser de hecho más mortíferos que las fuerzas policiales y militares, desplegadas para detener la expansión del grupo. De hecho, su único real rival pueden ser el Cártel de Sinaloa, que ha formado una alianza con sus antiguos jefes, el Cártel del Golfo.

Los homicidios tienen lugar en 25 municipios

El 80 por ciento de los homicidios en Guatemala ocurren en 25 de los 334 municipios del país, de acuerdo con el presidente  Otto Pérez Molina.

Los municipios agobiados por la violencia se distribuyen en 12 de los 22 departamentos de Guatemala, aunque el mayor número se encuentra en las proximidades de la ciudad de Guatemala, donde 45 por ciento de los asesinatos tienen lugar, dijo Pérez, refiriéndose a un informe sin publicar de las instituciones de seguridad del Estado.

De acuerdo con una nota del periodista independiente James Bargent, el presidente Pérez afirma que el informe demuestra el éxito de los esfuerzos para reducir la violencia, señalando los 164 municipios donde ha habido cero homicidios en lo que va corrido del año.

Las cifras de Pérez se apoyan en un informe reciente del American Central Business Intelligence Group (CBAI), que encontró que en 2012, casi 80% de los asesinatos ocurrieron en diez departamentos de Guatemala.

Según el informe, estos departamentos tienen una tasa anual de homicidios de 59 por cada 100 mil habitantes, mientras que los otros 12 departamentos tienen una tasa de homicidios de sólo 13 por cada 100 mil.

Tanto las estadísticas de Pérez como el informe del CBAI subrayan una realidad en Guatemala y El Salvador: la violencia callejera es probablemente el motor principal de los homicidios en esos países.

A diferencia de la delincuencia organizada relacionada con la violencia, que tiende a concentrarse en áreas específicas disputadas o de valor estratégico, la violencia callejera se concentra en las zonas urbanas donde estos grupos tienen disputas de larga data con cada uno ejerciendo poder sobre territorios donde extorsionan a empresas y particulares, y venden estupefacientes.

Numerosas zonas, en particular los corredores de tráfico de drogas a lo largo de las fronteras, sufren altos índices de violencia.