Ni la maestra…

La impunidad en casos de feminicidio en el país supera el 90 por ciento.

La vida de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y taxista en Álamo Temapache, Veracruz, terminó de la forma más dolorosa e indignante: fue secuestrada el 18 de julio de 2025 por miembros de un grupo criminal, obligada a grabar un video en el que, arrodillada y rodeada de hombres armados, exhortaba a sus compañeros taxistas a pagar “cuotas” al crimen organizado. Seis días después, su cuerpo apareció abandonado en un rancho, a 40 kilómetros del lugar de su secuestro. El mensaje era brutalmente claro: el cobro de piso es ahora una ley de facto y quienes se resisten, como Irma, pagan con su vida.

Este caso pone de manifiesto la magnitud de la emergencia nacional: en México ni la edad, el retiro ni el prestigio profesional protegen a las mujeres de la violencia extrema. La normalización del hostigamiento, la extorsión y la impunidad criminal atraviesa a todas las regiones y sectores, reflejando una crisis estructural donde el Estado carece de respuestas decisivas y eficaces.

A lo largo de los últimos años, México ha implementado reformas legales y políticas específicas. Existen leyes de igualdad sustantiva, se elevó a nivel constitucional la paridad y se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creando organismos como la Secretaría de las Mujeres y programas como el PIPASEVM, que articula prevención, atención y reparación. En decenas de municipios y estados, la declaratoria de Alerta de Género obliga a asignar recursos extraordinarios y visibilizar riesgos específicos; se han abierto fiscalías especializadas, instaurado refugios y desplegado campañas para capacitar y sensibilizar a servidores públicos y comunidades. Sin embargo, la realidad es que los datos son devastadores: más de diez mujeres son asesinadas cada día, la impunidad en casos de feminicidio supera el 90% y los avances legales quedan asfixiados por la corrupción, la falta de presupuesto y la colusión criminal.

El feminicidio de Irma Hernández Cruz exige ir más allá de lo formal; es imprescindible un blindaje real ante la extorsión y el cobro de piso, un despliegue efectivo de fuerzas de seguridad e inteligencia en sectores vulnerables, y canales confiables de denuncia y protección para víctimas. La rendición de cuentas en el aparato policial y judicial es una deuda urgente: cada caso debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sancionando a funcionarios omisos o corruptos y haciendo públicas las investigaciones y resultados. Es imprescindible ampliar y mantener la red de refugios, reforzar alianzas con la sociedad civil y, sobre todo, garantizar el presupuesto suficiente y transparente para que ninguna mujer sea revictimizada por falta de atención adecuada.

La lucha requiere también fortalecer el trabajo municipal y comunitario, empoderar económicamente a las mujeres, reconstruir el tejido social y reformular la capacitación policial y los protocolos de justicia desde la perspectiva de género. Pero sobre todo, exige profundizar la confrontación frontal y sostenida retomada por esta administración contra las redes criminales con las que se enfrenta la población día a día y que, como en el caso de Irma, han encontrado en la extorsión un patrón rentable y letal, tolerado muchas veces por la negligencia estatal.

La historia de Irma Hernández Cruz no es un número más: es el espejo más brutal de la deuda del Estado mexicano con sus mujeres. Es también una señal de alarma a todos los niveles de gobierno: la sola existencia de casos así obliga a desterrar de raíz cualquier zona de confort o autocomplacencia, porque la única meta admisible es la tolerancia cero ante la violencia de género. Su nombre y su dignidad nos exigen convertir cada tragedia en un motivo de cambio y de justicia inaplazable.