Hay cartas que se dirigen a una persona y se escriben pensando en otra. Esta tiene destinatario formal en San Lázaro, donde los diputados deben deshacer lo que hicieron en octubre de 2024. Pero la copia, la que me importa esta semana, va para las 10 consejerías del Instituto Nacional Electoral.
Empiezo por lo que merece aplauso. Este jueves, el Consejo General aprobó 29 proyectos de sanción, casi todos por afiliación indebida y uso no autorizado de datos personales. A Morena le impuso una multa de 58 millones 490 mil pesos; al Verde, 401 mil; al PAN, 115 mil. Para el partido en el poder no es la primera del mes: el 15 de octubre ya le habían fijado casi 37 millones por la misma conducta. Son más de 95 millones en menos de 30 días. Los montos son desiguales, porque las faltas lo son, y eso es lo que uno espera de un árbitro, que mida la infracción y no el tamaño de quien la comete.
Conviene detenerse en la falta. Afiliar indebidamente es inscribir a un ciudadano en un padrón partidista sin que lo sepa, con su nombre y sus datos, para engordar estructuras. Es quedarse con una identidad política ajena. Que el INE lo castigue en plena crisis me dice que la casa, todavía sacudida, sigue haciendo su trabajo.
Y la sacudida fue enorme. La renuncia de Guadalupe Taddei, entre señalamientos de contratos dirigidos y funcionarios a modo, dejó al instituto con la reputación más golpeada desde que nació como IFE. El daño vino de adentro. Lo causó una presidencia que concentró facultades que nunca debió tener, gracias a una reforma que Morena y sus aliados colaron en las leyes secundarias de la reforma judicial.
Vale la pena recordar qué cambió. Hasta octubre de 2024, nombrar a un director ejecutivo o al titular de una unidad técnica requería al menos ocho votos del Consejo General. Con la modificación a los artículos 45 y 48 de la LGIPE bastó la firma de la consejera presidenta. Seis consejeros fueron a la Corte, que no reunió votos para invalidar la norma y en enero de este año sobreseyó la controversia. Así se quedó el INE, con una cabeza que decidía sola quién manejaba los contratos y el dinero. Lo que vino después ya lo sabemos.
Por eso celebro que, desde el 27 de octubre, las 10 consejerías hayan decidido gobernar en conjunto. La presidenta provisional, Blanca Cruz, anunció que los nombramientos se discutirán entre todos, aunque la ley todavía le permitiría hacerlos por su cuenta. Entre las primeras decisiones colegiadas estuvieron frenar las contrataciones, revisar las vigentes y pedir la salida de funcionarios implicados. Es un buen arranque. Pero la colegialidad por voluntad es frágil, porque depende de la buena fe de quien ocupa la silla, y la buena fe no es un diseño institucional.
Ahí regreso a San Lázaro. En el Senado ya hay iniciativas de Morena con MC, del PAN con el PRI y una más de Manlio Fabio Beltrones para devolver al Consejo General la facultad de nombrar. Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, lo admitió sin maquillaje: “estuvo mal”. Ricardo Monreal dice que hay disposición, aunque advierte que quizá haga falta tocar la Constitución, y el proceso electoral arrancó el 10 de septiembre, con lo que el artículo 105 pone sus candados. Javier Corral y Ricardo Anaya sostienen que, al tratarse de un asunto administrativo, puede dictaminarse ya. Ojalá los diputados escojan la prisa y no el pretexto.
Mientras eso ocurre, a los consejeros les toca la parte difícil, que es cuidar el prestigio de una institución que durante tres décadas fue la más confiable del país. Eso pasa por sesionar a la vista de todos y votar con argumentos, no por bloques. También, por abrir las cuentas a la Auditoría Superior y al Órgano Interno de Control sin regatear. Y sobre todo por no usar la crisis para saldar pleitos internos. La fractura de seis contra cinco que marcó estos años no puede repetirse ahora con otros nombres, mucho menos con la elección intermedia de 2027 en marcha.
Termino con algo que ustedes saben mejor que nadie. Nuestra democracia es joven. Lleva apenas 30 años de elecciones creíbles y una alternancia, la del año 2000, que en su momento pareció imposible. El árbitro que la hizo posible costó décadas de fraudes y de negociación. No es propiedad de los partidos que se sientan a su mesa ni del gobierno que le asigna presupuesto. Ustedes son sus custodios, y responden ante quienes votan. Esta semana volvieron a parecer árbitros. Lo que sigue es no soltar el silbato.