Acordeones

La inminente elección judicial del 1 de junio en México ha traído un fenómeno inédito: la masiva aparición de los llamados “acordeones”, listas impresas o digitales que indican a los votantes exactamente qué número marcar en la boleta para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Su proliferación ha encendido el debate público y político sobre su legitimidad, utilidad y, sobre todo, sus riesgos.

Los acordeones son guías que contienen los nombres y números de los candidatos, elaboradas y difundidas principalmente por simpatizantes de partidos políticos, en especial Morena y Movimiento Ciudadano, aunque también se han detectado listas promovidas por sectores de la oposición. Circulan tanto en redes sociales como en versiones impresas, y se distribuyen en barrios, casas y hasta en reuniones de capacitación para funcionarios públicos.

Entre los argumentos a favor de los acordeones se encuentra la idea de que facilitan el voto en una elección compleja. La elección judicial es inédita y técnicamente complicada: el votante debe elegir entre decenas de nombres, lo que puede provocar confusión y retrasos. Los defensores de los acordeones argumentan que estas guías ayudan a los ciudadanos a orientarse y recordar por quién desean votar, haciendo el proceso más ágil y menos intimidante. Además, sostienen que no son ilegales si son de uso personal, ya que la ley electoral no prohíbe que un ciudadano lleve su propia lista de preferencias para usarla como recordatorio en la casilla, siempre que no exista coacción, intercambio de favores o condicionamiento del voto. El INE ha aclarado que el delito se configura sólo si se obliga, condiciona o induce el voto a cambio de beneficios. Para algunos, los acordeones representan una forma de organización y participación política, permitiendo que grupos afines compartan sus preferencias y estrategias de voto de manera transparente.

Sin embargo, existen riesgos y críticas importantes. El principal riesgo es que los acordeones, cuando son promovidos y repartidos masivamente por partidos, funcionarios o estructuras gubernamentales, pueden convertirse en un mecanismo de inducción y manipulación del voto, atentando contra la libertad y secrecía que debe caracterizar toda elección democrática. Hay denuncias documentadas de operativos en los que funcionarios públicos, especialmente en Nuevo León y Jalisco, han repartido acordeones y presionado a empleados para que lleven a familiares y amigos a votar siguiendo estas listas, utilizando incluso recursos y programas sociales como incentivo o amenaza. Esto sí constituye un delito electoral. Diversos sectores ciudadanos, analistas y partidos de oposición han señalado que la masificación de los acordeones puede desvirtuar el sentido personal de la elección y restar legitimidad al proceso, pues se percibe como una estrategia para “capturar” el Poder Judicial y asegurar la llegada de perfiles afines al gobierno en turno. Además, muchos de los acordeones circulan sin identificar claramente a sus autores o responsables, lo que dificulta la fiscalización y abre la puerta a la propaganda apócrifa y la desinformación.

El Instituto Nacional Electoral ha pedido a la ciudadanía ejercer su derecho al voto de manera libre e informada, sin presiones externas y utilizando preferentemente las herramientas oficiales para conocer a los candidatos y el proceso electoral. Si bien llevar un acordeón personal no es delito, la promoción organizada y la coacción sí lo son, y ya existen investigaciones abiertas en varios estados. La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, han condenado el uso de estos materiales cuando buscan inducir el voto y han llamado a los partidos y autoridades a suspender su entrega.

El uso de acordeones en la elección judicial es reflejo de la tensión entre la necesidad de facilitar la participación en un proceso complejo y el riesgo de que la organización partidista termine por secuestrar la voluntad ciudadana. Si bien pueden ser una herramienta legítima de apoyo personal, su uso masivo y dirigido desde estructuras de poder amenaza la equidad, la libertad y la autenticidad del voto. El reto para las autoridades y la sociedad será garantizar que la elección sea verdaderamente libre, informada y sin presiones, para que el Poder Judicial conserve —o recupere— la autonomía que la democracia exige.