Regulación cannábica en Norteamérica

El origen de la historia de las drogas en Norteamérica se remonta al periodo prehispánico y ha estado, de un modo u otro, fuertemente vinculado a acontecimientos del exterior. Froylán Enciso, en Nuestra historia narcótica, narra cómo la Santa Inquisición intentó eliminar el uso del peyote en la Colonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Lázaro Cárdenas y el director del Departamento de Salubridad, José Siurob, decidieron regular las drogas en México; episodio que fue interrumpido rápidamente por amenazas de Estados Unidos de suspender el comercio de medicamentos.

En 1973, Oregon fue el primer estado en despenalizar el uso del cannabis en Estados Unidos. En 1996, California autorizó el uso del cannabis con fines médicos. Un lustro después, el uso terapéutico del cannabis se comenzó a regular en Canadá. En 2012, los estados de Washington y Colorado establecieron una serie de reglas para el uso lúdico, o adulto, del cannabis. Sólo después de Uruguay, en 2018 Canadá se convirtió en el segundo país a nivel global en regular el uso recreativo de la mariguana.

En contraste, salvo pequeñas excepciones, la historia reciente en materia de drogas en México ha estado fuertemente vinculada al prohibicionismo y sus efectos perniciosos, particularmente en términos de violencia e inseguridad. No obstante, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado un proyecto de reforma legislativa que haría de México el tercer país en regular el uso adulto del cannabis en el mundo. El dictamen, que aún debe volver al Senado, responde a la decisión, en 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, entre otros argumentos, defiende el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La regulación de drogas trastoca muy distintas áreas de la vida pública, desde el sistema carcelario hasta la recaudación fiscal, pasando por la reducción de daños en materia de salud y la protección de los derechos de las personas usuarias. Regular el cannabis y otras drogas no significa promover su uso. Por el contrario, significa diseñar e implementar reglas para minimizar los riesgos a la salud, maximizar las libertades de una manera ordenada que respete las libertades de terceros y también frenar los mercados negros vinculados al crimen organizado, al tiempo que se puedan recaudar impuestos para financiar programas sociales y de procuración de justicia. Este análisis multidimensional puede también considerar las implicaciones de nuestro sistema federal, así como las regulaciones que tienen lugar en el resto de la región.

Por ejemplo, el esfuerzo que el gobierno de México realiza para erradicar plantíos de mariguana contrasta con el hecho de que es posible comprar legalmente distintos productos derivados del cannabis, desde San Diego hasta Anchorage.

La experiencia internacional arroja algunas lecciones que pueden ser útiles para el modelo mexicano. El sistema canadiense permite una regulación nacional y las provincias emiten regulaciones para la compraventa del cannabis. El sistema estadunidense es inverso, pues la mariguana es todavía ilegal a nivel federal, pero su uso médico y recreativo es autorizado por 35 y catorce estados, respectivamente. Los ejemplos en Portugal, Uruguay y Canadá, por ejemplo, demuestran que las regulaciones de drogas no se traducen en incrementos exponenciales en el consumo, como algunos de los detractores auguran.

El presidente López Obrador ha enfatizado su rechazo por el enfoque punitivo de la guerra contra las drogas. Recientemente, la antigua colonia penitenciaria en las Islas Marías ha sido clausurada tras más de cien años de uso. En su lugar existe un centro ambiental que será abierto al público. De acuerdo con una reciente encuesta, la mayoría de las y los mexicanos (52%) está en favor de la regulación de la mariguana. En puerta tenemos la posibilidad de un mercado regulado del cannabis, desde Chiapas hasta Alaska, de modo tal que América del Norte se consolide como un espacio de libertades propias del siglo XXI. Así, nuestra historia de regulación de narcóticos sigue en constante evolución.

                *Abogado y maestro en políticas públicas.

                A cargo de dirigir la política para América del Norte

                de la Secretaría de Relaciones Exteriores