Fonden, un barril sin fondo de corrupción

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 durante el gobierno del PRI de Ernesto Zedillo, fue extinguido el 6 de noviembre de 2020 como parte de la eliminación de fideicomisos sin control efectivo realizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la oposición lo refiere como un instrumento ejemplar de protección civil, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejó claro, con años de observaciones y sin sanciones, que fue un fondo plagado de irregularidades, discrecionalidad y corrupción estructural que convirtió la tragedia en oportunidad para jugosos negocios.

Durante 25 años, México enfrentó desastres naturales que marcaron la vida de comunidades enteras: las inundaciones de Tabasco en 2007, los huracanes Wilma, Ingrid, Manuel, Odile, Patricia y Alex, los sismos de 2017 y, recientemente, el huracán Otis en 2023. En cada caso, mientras existió el Fonden, fluyeron miles de millones de pesos, pero gran parte de esos recursos se esfumaron entre padrones inexistentes, contrataciones amañadas, obras fantasma y empresas que hicieron fortuna a costa del sufrimiento de miles de familias.

La reconstrucción posterior a los sismos de 2017 reveló con crudeza el tamaño de las fallas: recursos dispersados sin comprobación, duplicidad de pagos, viviendas reportadas como reparadas que nunca existieron y apoyos asignados a personas que no eran damnificadas. Estados como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México concentraron algunas de las irregularidades más graves. No fue un caso aislado: se trató de un patrón reiterado en casi todas las emergencias. Un delito continuado.

El diseño mismo del Fonden facilitaba estos abusos. Su estructura como fideicomiso sin mecanismos eficaces de fiscalización lo convirtió en un instrumento perfecto para beneficiar a contratistas y gobiernos locales con poca rendición de cuentas. Mientras tanto, comunidades enteras esperaban apoyos que ya habían sido ejercidos en papel, pero no en el territorio.

Por ello, su desaparición en 2020 no fue una afrenta a la protección civil, sino una decisión necesaria para cerrar un modelo que priorizaba intereses privados antes que a los damnificados.

Hoy, la atención a las emergencias se realiza mediante censos directos levantados por la Secretaría de Bienestar, con personas reales, domicilios identificables y entregas directas, sin intermediarios ni constructoras privilegiadas.

Frente a las tragedias recientes, la presencia activa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido determinante para coordinar la atención federal desde el primer momento. Su liderazgo ha permitido actuar con eficacia y orden, fortaleciendo la presencia del Estado en zonas afectadas. La intervención de las Fuerzas Armadas y de la Coordinación Nacional de Protección Civil ha asegurado el control de la emergencia y la atención directa a la población. Hoy no hay fideicomisos en la sombra, sino presencia real del gobierno y capacidad operativa.

La oposición no defiende al Fonden por sus resultados de beneficio social —que nunca existieron—, sino por los privilegios que generó a contratistas y operadores políticos. Por eso añoran un fondo donde fueron socios, un símbolo de negocios oscuros, no de solidaridad.

El Fondo Nacional de Desastres fue un barril sin fondo de corrupción. La atención a desastres requiere planeación, presencia institucional y transparencia. La estrategia encabezada por la presidenta Sheinbaum, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la protección civil nacional, demuestra que el país puede responder con eficacia y sin intermediarios. El dinero público debe estar en total transparencia, llegar a las manos de quienes realmente lo necesitan, con rapidez y suficiencia, no a los bolsillos de las hienas carroñeras del dolor ajeno.