Los gobernadores y el Presidente

Luego de tres sexenios de comportarse como señores feudales en rebelión contra el pacto federal, los gobernadores parecen haber vuelto al redil.

Hasta 1995, los mandatarios estatales habían sido piezas secundarias dentro del sistema político surgido de la Revolución Mexicana.

Es cierto que varios de los primeros presidentes de esa etapa fueron gobernadores antes de ocupar el Ejecutivo —entre ellos, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines—, pero las gubernaturas eran, generalmente, premios de consolación para políticos que no alcanzaban a ingresar en el primer círculo del poder.

Como tales, el Presidente en turno disponía de ellas, ya fuera ungiendo a los candidatos a gobernador del partido oficial o retirando a los gobernadores que caían de su gracia o no lograban manejar sus estados de acuerdo con las expectativas del centro.

En la Ciudad de México existía el cuidado de no azuzar los regionalismos que caracterizaron la vida política en distintos momentos de la historia del país, incluido el periodo de la Revolución.

Así, a fin de no debilitar su control sobre los estados, los presidentes surgidos del PRI se esmeraron en reprimir los movimientos localistas que buscaban que “el partido” postulara un candidato distinto del que deseaba el centro.

Y se recurrió a la dureza e incluso al fraude para impedir que la oposición ganara las elecciones en estados como Yucatán, Nayarit y Chihuahua. No fue sino hasta 1989 que pudo ser elegido un gobernador que no fuera del PRI.

Uno de los presidentes que hizo mayor uso de su facultad metaconstitucional de remover a mandatarios estatales fue Carlos Salinas de Gortari. Durante su sexenio, 14 estados se quedaron sin gobernador electo, ya fuera porque el Presidente los llevó al gabinete, como al veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, o porque los hizo a un lado para evitar daños políticos al PRI o a su gobierno, como sucedió con el tabasqueño Salvador Neme Castillo.

Sin embargo, en enero de 1995, ese paradigma se rompió cuando el presidente Ernesto Zedillo quiso remover a Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco para poner fin al conflicto poselectoral en la entidad.

Madrazo, promotor de la caída de Neme, había sido elegido en unos comicios polémicos en noviembre de 1994, cuando derrotó oficialmente al candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. Pasada la elección, los simpatizantes de éste sitiaron durante varios días el Palacio de Gobierno.

El presidente Zedillo encargó a su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, la negociación del conflicto.

En un primer momento Madrazo aceptó separarse de la gubernatura para irse al gabinete, pero antes de viajar a Villahermosa para hacer efectiva su renuncia, pasó por Toluca, donde se reunió con el veterano político Carlos Hank González, quien lo habría convencido de resistir las instrucciones presidenciales.

Envalentonado por ese y otros apoyos, Madrazo decidió romper el cerco de los perredistas y entrar en el Palacio de Gobierno, desde donde amenazó con sacar a Tabasco de la Federación en caso de que Zedillo insistiera en removerlo.

El reto de Madrazo a Zedillo lanzó a la rebeldía al también gobernador Manuel Bartlett, de Puebla. Con el argumento de defender la soberanía económica de su estado, Bartlett impondría, contra la voluntad del Presidente, una ley estatal de recursos federales en los municipios, que era objetada por el PAN.

Por decisión propia o por razones ajenas a él, Zedillo cedió el control político de los estados.

Durante su sexenio, el PRI perdió elecciones para gobernador en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas, y para jefe de Gobierno en el Distrito Federal.

El gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, quien se había declarado en huelga política durante la segunda mitad del sexenio anterior, aprovechó las nuevas condiciones para hacer activismo en todo el país, cosa que lo llevaría a hacerse de la candidatura del PAN a la Presidencia de la República y a convertirse en el primer Ejecutivo no surgido del PRI en 71 años.

Ya en las postrimerías del sexenio se dio una escena inédita en la historia de las relaciones entre el Presidente y los gobernadores: el zacatecano Ricardo Monreal marchó de la capital de su estado hacia el Distrito Federal para exigir que el presidente Zedillo cumpliera con su compromiso de terminar las obras de infraestructura carretera en esa entidad.

El fortalecimiento de los gobernadores frente al centro no sólo tenía que ver con el hartazgo ciudadano hacia el PRI, que se hacía evidente a mediados y fines de los años 90, sino también con el proceso de descentralización administrativa que comenzó a principios de esa década. Sin revisar el federalismo fiscal, el Ejecutivo resolvió desprenderse de responsabilidades y recursos públicos que puso en manos de los estados.

Unos días después de la derrota del PRI en los comicios presidenciales de 2000, los 21 priistas gobernadores se reunieron con Zedillo para manifestarle sus preocupaciones sobre la nueva realidad: no contar con un Presidente surgido de su partido.

Sin embargo, los gobernadores encontrarían muy pronto la ventaja de no estar maniatados por una figura paterna en el Distrito Federal.

En la cúspide del debilitamiento del PRI, las gubernaturas estaban repartidas casi equitativamente en el viejo partido de Estado, por un lado, y el PAN y la izquierda, por el otro.

La balcanización favorecía a los gobernadores. Cierto, los estados competían entre ellos por una mayor tajada del presupuesto federal —y aprendieron a usar a los legisladores como alfiles para lograrlo—, pero eso obligaba al Ejecutivo a tratar de satisfacer a todos y bajar la guardia de la fiscalización de los recursos.

Con la creación, en 2003, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) —resistida en un inicio por el gobierno de Vicente Fox—, los mandatarios estatales pasaron a jugar un papel protagónico en la definición del rumbo político.

El equilibrio de fuerzas que se generó entre los gobernadores, el Congreso y el Ejecutivo, en detrimento de este último, fue reforzado por el hecho, fortuito, de que la Presidencia, la gubernatura del estado más rico y poblado y la jefatura de Gobierno de la capital del país estuvieran en manos de partidos distintos.

A raíz de la crisis de seguridad pública que comenzó a asolar al país hacia 2004, se creó un tipo de relación con el centro en la que los gobernadores se desentendían de muchas de sus obligaciones hacia la ciudadanía, al tiempo que éstas eran asumidas por el gobierno federal.

Así, durante el sexenio de Felipe Calderón, los actos de violencia criminal que ocurrían en un estado se cargaban mucho menos en la cuenta del gobernador que en la del gobierno federal, en buena medida por una estrategia de seguridad desprovista de operación política, que se mantuvo durante seis años pese a no arrojar resultados satisfactorios.

Sin embargo, los estados llevaron su relativa autonomía demasiado lejos. Confiados en que las participaciones presupuestales seguirían creciendo año tras año sobre la espalda de la recaudación federal —sólo han tenido que extender la mano para recibirlas—, muchos gobiernos estatales se endeudaron como si no hubiera un mañana.

Y algunos fueron más allá, como se deduce del presunto faltante de mil 900 millones de pesos en las arcas del estado de Tabasco.

La revelación de los abusos volvió a la opinión pública contra los gobernadores, antes vistos como los defensores de los derechos locales contra el yugo del centro.

Hoy que el PRI está de regreso en la Presidencia —con el mismo número de gubernaturas que tenía en 2000, casualmente—la relación política entre la Federación y los estados parece haber cambiado radicalmente.

Al menos en estos primeros 100 días de gobierno los 32 mandatarios estatales han estado perfectamente alineados con Los Pinos.

Quizá es porque el Presidente estuvo, como gobernador, del otro lado de la mesa, donde conoció y practicó el juego de fuerzas con el gobierno federal. O tal vez porque la mayoría de los gobernadores son priistas y celebran el regreso de las viejas formas. Pero quizá también porque el margen de maniobra político y fiscal de los estados se agotó hace ya un rato.

Esperemos que esta etapa no se traduzca en la reedición del avasallamiento del centro que existió hasta 1995, sino que el péndulo se detenga en un nuevo tipo de relación, de responsabilidades compartidas y respeto por las idiosincrasias regionales, en la que la Federación no sólo dé, sino que también vigile y los estados recauden pero también tengan derecho de decidir sobre su destino.