También es el narcomenudeo

Por Carlos Matienzo*

El país está en llamas. Las últimas cifras del gobierno federal indican que los asesinatos siguen estabilizados en casi 100 víctimas diarias, el nivel más alto en la historia reciente. Por si fuera poco, durante las últimas semanas, enfrentamientos y masacres han dejado muertos por decenas lo mismo en el norte que en el centro y occidente de nuestro territorio.

Históricamente, buena parte de la explicación de esta violencia se ha centrado en las pugnas criminales por el control de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta narrativa es un tanto conveniente para el gobierno y para la sociedad mexicana. Nos ubica como víctimas de una fatalidad: la vecindad con un mercado de consumo de drogas que alimenta sin cesar los bolsillos de los grupos armados mexicanos. Nosotros la producimos y ellos la consumen.

Lo cierto es que en este lado de la frontera el problema del narcomenudeo también ha crecido y se ha vuelto un importante detonador de la violencia. A nivel nacional, las detenciones por este delito han aumentado un 150% de 2015 a la fecha. Casualmente, seis de las diez entidades más violentas también están entre las diez con mayor tasa de narcomenudeo en el país.

Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrevistarme con un adicto rehabilitado que vive en una de las ciudades más violentas de México. Me explicó que el principal problema de su municipio es la lucha por el control del mercado local de venta de droga, particularmente de metanfetamina o foco, como se le conoce en algunos lugares.

En su municipio existe una organización criminal que es “dueña de la plaza” y monopoliza la venta de narcóticos a un precio muy alto. En consecuencia, algunos consumidores deciden comprar drogas en otras localidades donde el precio es hasta cinco veces menor o donde incluso hay ofertas tipo 3x2 dosis. El problema es que si los consumidores son descubiertos por los dueños de la plaza suelen ser amedrentados, torturados y, en el peor de los casos, desaparecidos. Por otro lado, existen adictos que incluso se aventuran a revender la droga que consiguen en otras ciudades. Para ellos no hay perdón, van directo a las cifras de homicidios y desaparecidos.

Estamos hablando de municipios con poblaciones relativamente pequeñas que, además, ofrecen una importante ventaja operativa: poseen extensos territorios rurales deshabitados que permiten la instalación de laboratorios clandestinos para la elaboración del cristal. La lucha por el control de esa operación y de las veredas rurales para su distribución es también parte de los conflictos criminales en estas regiones.

Es difícil cuantificar de qué tamaño es el problema de la lucha por el mercado local de consumo de drogas, pero es innegable que es mucho mayor de cuando inició la guerra contra las drogas. Esto, además del evidente problema de violencia que genera, implica también ya una crisis de salud en muchas ciudades. Al igual que en Estados Unidos, poblaciones precarizadas en México están cayendo en el consumo de drogas destructivas que, además del daño individual al consumidor, generan desintegración y caída en el ingreso en familias ya de por sí vulnerables.

Es labor de los gobiernos federal y estatal combatir el crimen organizado, pero también debe haber un esfuerzo de las autoridades municipales y de su sociedad civil para prevenir el consumo de drogas y rehabilitar, de manera segura y digna, a quienes han caído en ellas. Por lo pronto, bien haríamos los mexicanos en sacudirnos esa complaciente idea de que nuestro problema de violencia criminal es culpa de los estadunidenses. Lo cierto es que nuestra propia sociedad se enferma cada día más de esta epidemia de adicciones y somos tan responsables como nuestros vecinos de aceitar la maquinaria de violencia criminal que azota todos los días a nuestro país.

                *Analista de seguridad

                y socio de DataInt