IFE-INE: 31 años

Por Jaime Rivera Velázquez

Este 11 de octubre se cumplieron 31 años de la fundación del Instituto Federal Electoral. Es un tiempo largo, algo mayor que el estimado convencionalmente para la sucesión de generaciones. Los jóvenes de hoy, y hasta quienes rondan la edad de cuarenta y tantos, nacieron o llegaron a la mayoría de edad cuando el IFE ya era el organizador de las elecciones federales. El IFE (como después el INE) forma parte del paisaje “natural" de la vida cívica. Que las elecciones sean organizadas por una autoridad profesional y autónoma puede parecer a las nuevas generaciones un hecho tan normal y permanente que a algunos apenas les merece aprecio. Por ello, no está de más hacer un breve repaso de lo que la existencia del IFE y el INE ha significado para México.

La crisis poselectoral de 1988 evidenció el agotamiento del modelo de partido hegemónico que había persistido en el país por casi sesenta años. La diversidad de la sociedad mexicana no podía contenerse en una sola organización política que, hasta ese momento, detentaba el control de todo el Estado y de las elecciones. Era imperativo cambiar a fondo el marco institucional de las elecciones y, para fortuna de México, el gobierno y las principales fuerzas de la oposición lo reconocieron y pactaron una reforma. Así nació el IFE. Su misión era garantizar el ejercicio del voto libre y auténtico e imparcialidad en la organización electoral. No era una tarea fácil, pero la rápida construcción del IFE y una serie de reformas posteriores demostraron que la apuesta era viable.

Una de las primeras grandes acciones que la nueva autoridad electoral emprendió fue la integración de un padrón electoral veraz, confiable y en permanente actualización, que garantizara el principio democrático de una persona, un voto. El primer padrón electoral integrado por el IFE se realizó con una técnica censal en 1990. Personal del instituto recorrió el territorio nacional para obtener datos confiables de todas las personas mayores de 18 años. Fue una tarea titánica que desde el inicio estuvo vinculada a la ciencia y los avances tecnológicos. Para las elecciones de 1994 la credencial de elector contaba ya con fotografía. La primera condición de unas elecciones confiables estaba bien asentada.

A partir de 1996 el IFE adquirió plena autonomía constitucional y los partidos contaron con nuevas reglas de financiamiento público y de acceso a la radio y la televisión que permitieron más equidad en la contienda. El nuevo diseño institucional se tradujo rápidamente en alternancias en el poder: en la Cámara de Diputados, en gubernaturas y en la propia Presidencia de la República. El sistema de partido hegemónico y el régimen autoritario llegaron a su fin. A la transición democrática le siguió la normalización democrática. La posibilidad de fraudes electorales quedó desterrada, no sólo porque las autoridades electorales actúan con imparcialidad; también porque las reglas y los procedimientos electorales —rigurosos, minuciosos y transparentes— hacen imposible alterar la votación ciudadana.

Cabe aclarar que el financiamiento público a los partidos –que algunos actores políticos y medios de comunicación tanto descalifican– no es una rareza en el mundo. La mayoría de los países (68%, de acuerdo con datos de IDEA Internacional) cuenta con algún tipo de financiamiento público. En América Latina, el único país que no brinda subsidio estatal a los partidos es Bolivia, aunque en campañas electorales les destinan espacios en radio y televisión.

En 2007, una nueva reforma electoral prohibió la compra de espacios en radio y televisión para fines electorales, y garantizó acceso gratuito de todos los partidos a tiempos del Estado. (En 2006 la compra de espacios en radio y televisión había representado el 70% de los gastos de campaña). Al mismo tiempo, se restringió la propaganda gubernamental y su posible incidencia en la competencia electoral. El nuevo modelo ha resultado funcional y asegura que el electorado reciba información de todos los actores políticos legítimos del proceso electoral. La restricción de la propaganda gubernamental –abierta o velada– en tiempos de campaña puede molestar a algunos gobernantes, pero es una condición de equidad y se aplica a todos por igual.

En 2014 se emprendió otra reforma que modificó la estructura del sistema electoral: el IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral (INE). Se confirieron a éste nuevas atribuciones sobre las elecciones locales, a fin de homologar procedimientos electorales y garantizar la autonomía de los organismos de los estados. El modelo es complejo, pero ha demostrado su funcionalidad. Desde que existe el INE, la alternancia –es decir, que el partido en el gobierno en turno pierda las elecciones– se ha vuelto la norma: de 2015 a 2021 dos de cada tres gubernaturas han cambiado de partido en el poder, y la propia Presidencia de la República cambió otra vez de partido. ¿Qué mejor prueba que ésta de la independencia de las autoridades electorales y de la equidad de las reglas de las elecciones?

Una mirada informada al sistema electoral de 1988 y al de hoy permite apreciar la diferencia abismal entre el autoritarismo y la democracia. El INE seguirá cuidando que no haya regresiones.