La importancia de tener identidad

El registro del nacimiento constituye, por sí mismo, el pase de acceso a otros derechos fundamentales, como vivienda, salud y educación

Por Gabriela Cuevas*

Primera de dos partes

Imaginemos un día despertar y no ser nadie. Ser personas “legalmente inexistentes” y, por tanto, incapaces de exigir los derechos más básicos. Sólo pensarlo atemoriza. Sin embargo, en el transporte público, en los mercados y plazas, en los cruceros, y sobre todo en las zonas más marginadas del país, encontramos a mucha gente en esta condición. A esas personas se les conoce como los “invisibles” por una desafortunada razón: al nacer no fueron registrados ante el Estado; viven, se dice, en el subregistro. 

¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la identidad? Todo. El derecho a la identidad implica tener un nombre y apellidos desde el nacimiento, ser inscrito en el Registro Civil, tener una nacionalidad, pertenecer a un grupo cultural y compartir sus costumbres y tradiciones. A través de ese derecho se proporciona existencia legal a las personas y se les reconoce como sujetos de derechos y obligaciones.

En otras palabras, el registro del nacimiento es un elemento esencial del derecho a la identidad. Constituye, por sí mismo, el pase de acceso a otros derechos fundamentales, como vivienda, salud y educación. En cambio, su omisión inhibe el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, fomentando así la exclusión social.

Por increíble que parezca, actualmente en el mundo existen 200 millones de personas menores de cinco años que no tienen identidad. En África y Asia existe la mayor tasa de subregistro, mientras que en el continente americano hay 1.3 millones de nacimientos que no se registran cada año. Estas cifras dimensionan el problema al que nos enfrentamos en pleno siglo XXI.

Como este tema es muy complejo y multifactorial, no me centraré en las causas que lo originan ni en las acciones o programas que se han puesto en marcha en otros países para paliar esta situación. Me enfocaré, en cambio, en las consecuencias que conlleva la falta de un acta de nacimiento, esbozaré cómo se encuentra esta situación en la región latinoamericana y señalaré algunas de las recomendaciones que legisladores de 17 países emitimos para asegurar el derecho de los niños y niñas a la identidad.

Las consecuencias del “no registro”

Los niños que no cuentan con un acta de nacimiento no existen legalmente para el Estado. El no tener identidad los hace más vulnerables al abuso, a la explotación, a la trata, a la adopción ilegal y a la discriminación. Esos niños son quienes están más expuestos a la mortalidad, a la desnutrición crónica, a la deserción, al trabajo infantil y a diversas enfermedades por falta de vacunación. Pero ahí no queda el problema. Si continúan su vida en esa situación no podrán votar o tener un cargo electivo, no tendrán un trabajo formal ni tampoco podrán tener propiedades, mucho menos podrán heredar o contraer matrimonio; tampoco tendrán acceso a servicios de salud porque no pueden ser inscritos formalmente en ellos. Por si fuera poco, tampoco podrán ser beneficiarios de los programas sociales y ni siquiera quedará registro de su muerte, como si nunca hubieran existido.

Estas consecuencias son terribles para la vida misma de las personas indocumentadas. Sin embargo no podemos observarlas de manera individual o aislada. Si tomamos en cuenta que son millones las personas en esta situación, entonces podemos entender que muchas de las políticas sociales no alcanzan su objetivo porque hay personas invisibles a los registros oficiales y a las propias estadísticas gubernamentales. Si el total de la población estuviera debidamente registrada, los países no sólo conocerían con precisión el número de sus habitantes, sino las condiciones en las que viven y las disparidades geográficas y sociales que existen dentro de sus territorios.

Al respecto, el Centro de Investigaciones Innocenti, de Unicef, ha señalado que los datos suministrados por un registro eficiente de nacimientos permiten una adecuada planificación y aplicación de políticas públicas en diversas materias como salud, educación, vivienda, agua y empleo; permiten, además, monitorear y evaluar la efectividad de las políticas públicas para asignar de mejor manera los recursos a quienes más los necesitan. Sin datos demográficos exactos, las zonas menos desarrolladas del país pueden seguir desatendidas y sin recibir los servicios públicos más básicos.

Un problema regional

La tasa de subregistro en la región de América Latina y el Caribe de los niños de 1 a 5 años disminuyó de 18% en el año 2000 a 7% en 2013. A pesar de ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido a los gobiernos que deben redoblar esfuerzos para mejorar progresivamente estos resultados, pues se estima que existen 6.5 millones de niños en la región que no cuentan con un certificado de nacimiento, cifra que representa prácticamente la población total de Uruguay y Panamá.

Ante este panorama, la Organización de los Estados Americanos (OEA) puso en marcha el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas a fin de eliminar el subregistro para el año 2015. Con el mismo propósito, legisladores de 17 países nos reunimos en Lima, Perú, para intercambiar experiencias y encontrar soluciones con el fin de asegurar el derecho a la identidad de los niños de la región prestando una mayor atención a las disparidades que persisten en la zonas rurales y marginadas, lugares en donde se acentúan los mayores índices de subregistro (11% de los niños menores de cinco años de edad en áreas rurales aún no se encuentran registrados).

Entre otras cosas, recomendamos a los gobiernos privilegiar acciones a favor de las personas más excluidas y vulnerables “a fin de revertir una situación histórica de desigualdad en lo relacionado con la inscripción de nacimientos”; incorporar una perspectiva de equidad en la inscripción de los nacimientos con un enfoque igualitario; prestar especial atención a las poblaciones indígenas y afro-descendientes, así como a las personas con discapacidad y a los hijos de personas privadas de libertad y de migrantes, quienes al encontrarse en una situación irregular no registran a sus hijos por temor a ser deportados.

Sin duda, son innumerables los desafíos que debemos afrontar para lograr que el ciento por ciento de los niños que nacen en la región cuenten con un certificado de nacimiento. Por un lado, se tienen que vencer diversos obstáculos económicos (de acuerdo con datos de Unicef e INEGI, en México, por ejemplo, el costo de un acta de nacimiento puede ir desde los 36 hasta los 249 pesos); por otro lado, se tienen que sortear barreras legales, geográficas, administrativas y hasta culturales (en algunos países la madre debe estar acompañada del padre para poder registrar a su hijo). A pesar de ello, países como Chile y Cuba están muy cerca de alcanzar la universalidad en sus registros, en tanto que México presenta un índice de subregistro de 6.6%, aun contando con más de 5 mil oficialías del registro civil en las 32 entidades federativas.

*Senadora del PAN

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