Si hay dos sectores de la economía que van de la mano y se complementan, son el campo y el transporte de mercancías. Uno requiere del otro y ambos representan factores preponderantes en la producción y distribución de bienes y servicios.
Tras varios meses de negociación entre transportistas, productores agrarios y el gobierno para mejorar sus condiciones de operación, hoy parece que no existe ningún logro que permita resolver la problemática de los dos sectores en cuestión.
En materia agraria enfrentamos una crisis estructural marcada por la desatención de las autoridades, falta de financiamiento, desaparición de apoyos e inseguridad, lo que ha generado el abandono de tierras y la caída en la producción de granos. Los altos costos de los insumos y la competencia desleal ponen hoy en riesgo la llamada soberanía alimentaria.
Se sabe, por datos proporcionados por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que en los últimos siete años aumentaron las extorsiones al campo como resultado de la inseguridad. El crimen organizado obliga a los campesinos a comprar sus insumos a determinados proveedores, quienes les fijan un cobro por hectárea o tonelada del producto así como sobrecostos en materia de transporte, lo que provoca un aumento de precios de entre 10 y 20 por ciento.
En materia de transporte, las cosas no pintan mejor: integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) reiteraron sus denuncias de asesinatos, asaltos, desapariciones de choferes y la falta de respuesta de las autoridades federales tras la instalación, en noviembre pasado, de mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación.
Señalaron que 80% de los robos a transportistas en carreteras del país se cometen con violencia. Hay pocas estadísticas sobre dichos delitos y víctimas porque no se cuenta con fiscalías especializadas y dichos casos son tratados con “generalidades” por lo que no existe un seguimiento a fondo de dicha problemática. De lo que se sabe, ocurren diariamente entre 30 y 40 robos a transportes de carga pesada y en lo que va del año 10 operadores están desaparecidos.
La situación en ambos rubros de la economía es compleja y no ha tenido solución al corto plazo. A ello se suma que el gobierno federal no ha mostrado interés en crear una banca de desarrollo agropecuario, lo que complica la situación de los productores que enfrentan una indefinición respecto de la salida de granos básicos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) así como el establecimiento de precios de garantía, además de los nuevos problemas que genera la guerra en Irán, como el aumento en los precios del diésel y los fertilizantes.
CERCAN A QUINTANA ROO
Ha comenzado la “operación política” desde Palacio Nacional con la finalidad de colocar, con plataforma de lanzamiento desde Yucatán, a personal de confianza del Ejecutivo federal al frente de las preferencias electorales en tierras quintanarroenses, con la candidatura de Rafael Marín Mollinedo para contender por Morena a la gubernatura de la entidad el año próximo. Sólo así se entiende el nombramiento del exdirector general de Aduanas como delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado que gobierna el cada vez más ineficiente Joaquín Huacho Díaz Mena, quien cada vez pierde mayor control de un estado cuya capital ha sido referente panista en los últimos años.
Quien debe estar de plácemes por el nuevo nombramiento de Marín Mollinedo es el “legendario” jefe de la policía yucateca y secretario de Seguridad del estado, Luis Felipe Saidén Ojeda, a quien nadie “le quita de la cabeza” que gente cercana a la gobernadora Mara Lezama trabaja para los cárteles de la droga que dominan Cancún y Playa del Carmen y que son los que buscan “extender sus tentáculos” hasta la costa yucateca, lo que ha generado el clima de enfrentamientos armados e inseguridad que antes no se veía en las tierras del faisán y del venado.