La política y el cinismo

En nuestros días, el término de “cínico” se utiliza para calificar a personas, que lejos de esa actitud original, muestran desvergüenza en el mentir o al momento de defender posturas que son vituperables. El Diccionario de la Lengua Española también lo define como “impudencia u obscenidad descarada”.

En este sentido es que se puede pensar el actuar de algunos personajes de la vida pública nacional. El caso más reciente es el del expresidente Vicente Fox, quien en un mensaje en la plataforma de Twitter, escribió el día 23 de septiembre: “Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del ‘desafuero’” (sic).

Lo que el expresidente afirma es gravísimo para la vida pública nacional, porque confirma lo que se ha denunciado desde hace años como uno de los peores síntomas de un autoritarismo que no termina de irse: el uso de las instituciones de procuración e impartición de justicia para confrontar o amedrentar a los opositores. Y esto no es privativo sólo del Ejecutivo Federal, sino que se reproduce constantemente en los gobiernos estatales.

Para una democracia resulta inaceptable, porque es corrosiva a sus cimientos, la manipulación de la fuerza más potente del Estado para reprimir, amenazar, amedrentar, incluso para transar con quienes no comparten visión y proyecto, porque la democracia debe sustentarse en la rectitud, la honestidad y sobre todas las cosas, en el respeto estricto del Estado de derecho, es decir, del mandato constitucional y sus leyes.

El contenido del mensaje del expresidente Fox nos revela, además la persistencia del uso patrimonialista del poder. El uso de la primera persona del singular, es decir, el “Yo”, es notorio en todos los que han ocupado espacios de poder: “yo hice”, “yo construí”, “yo atraje tales inversiones”, como si las arcas públicas hubiesen sido en algún momento una extensión de sus cuentas personales, y como si el aparato público del Estado y su orden jurídico no existieran.

De igual manera, se hace patente que la política mexicana se ha degradado a tal grado que, antes que una práctica civilizada con propósitos permanentemente democratizadores de la sociedad, se ha convertido en un proceso de despliegue de inquinas personales, venganzas y “ajustes de cuentas” entre grupos. Por eso preocupan las prácticas que se han mantenido en la presente administración, en la cual no se ha avanzado significativamente en el uso político de la justicia. Así, las denuncias de casos de “culpables fabricados”, “chivos expiatorios”, y de “tráfico de favores políticos” se acumulan, y respecto de las cuales no parece haber una diferencia esencial respecto de lo que ocurría en el pasado.

Que una democracia tenga instrumentos de procuración de justicia sólidos, con autonomía auténtica, y con vocación de fungir efectivamente como representante social, así como un Poder Judicial libre, transparente y garante de la Constitución, es relevante no sólo para la pervivencia del Estado de derecho, sino porque socialmente hablando, constituyen dos de los pilares esenciales de la vocación ética de una sociedad.

En esencia, la procuración de justicia es fundamental en los Estados democráticos, porque debe ser parte de los instrumentos civilizadores de la sociedad: propiciar aprendizajes de convivencia pacífica y la coexistencia de relaciones justas entre las personas, y entre éstas y el Estado.

Un país sin justicia será siempre incapaz de garantizar una vida digna para sus habitantes; por ello vale aquí recordar las palabras y actitud de Horkheimer a fin de evitar que la injusticia que atraviesa la historia no tenga la última palabra.