La persona y la función pública

Si usted es un asiduo lector de estos artículos, le constará que siempre he sido un defensor de la creación de instituciones fuertes, basadas en leyes como el único camino para lograr el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Siempre hacemos ejemplos de países decentes como Japón, Estados Unidos, Alemania y, sobre todo, España, que es una referencia directa, porque ha logrado generar esas instituciones a pesar de salir de una dictadura y de tener una forma de ser muy parecida a nosotros

Ahí tenemos la fortaleza institucional de España después de haber sufrido un golpe de Estado desde dentro por el gobierno comunitario de Cataluña. En pocos meses, la ley se impuso gracias a una separación de poderes real y hubo elecciones nuevas para dicha comunidad sin que se hubiera alterado el orden público.

Está en la cárcel quien cometió un delito y por orden de un juez donde el gobierno no puede negociar ni su salida ni su entrada. Se dice pronto, pero pasar por lo que ha pasado España desde el 1 de octubre y mantener la paz social y el orden sólo se puede hacer con un Estado de derecho sólido e instituciones fuertes.

Sin embargo, las instituciones y las leyes fueron creadas por hombres (en sentido genérico) y, por lo tanto, la calidad moral y la solidez académica de los hombres sí importa. Y hay una crisis en la calidad de las personas que acceden a puestos de poder, ya que las motivaciones de los partidos políticos son seleccionar a quien puede ganar y no a quien puede gobernar.

El incentivo es perverso y provoca la llegada masiva de gente a puestos de elección popular que no tiene preparación, ideas propias y, sobre todo, vocación.

La designación de futbolistas, actores y todo tipo de celebridades como candidatos a puestos de elección popular es la prueba fehaciente que el único incentivo es ganar la elección. Inclusive, la designación de políticos que ya ocuparon puestos, que no cumplieron promesas, que robaron o estuvieron sujetos a procedimientos legales es pan de todos los procesos electorales en nuestro país.

Y hay dos culpables: primero los partidos políticos que no cumplen su función de preparar y filtrar a los mejores ciudadanos de entre sus miembros para acceder a puestos públicos y, segundo, por la permisividad de la sociedad a la que pertenecemos.

Que Cuauhtémoc Blanco o Fausto Vallejo (¡!) vayan a ser candidatos para puestos importantes del poder ejecutivo en Morelos y Michoacán, es porque pueden ganar; ésa es la tragedia.

Cuando un gobernador o alcalde termina en la cárcel o es repudiado por corrupción, no hay mayor consecuencia para los partidos políticos, ya que sólo expulsan al sujeto en cuestión y quedan limpios para la siguiente elección.

Hablando de España nuevamente, los jueces de casos de corrupción que, para nosotros serían irrisorios, pero que ellos se toman muy en serio, han condenado no sólo a personas, sino a los partidos políticos a pagar daños económicos y multas por ser corresponsables en casos de corrupción.

No estamos solos en esa crisis de calidad en las personas que buscan puestos de elección popular; nuestros vecinos del norte, el país de Stanford, Harvard, Princeton, MIT, Yale y otras más, está pensando que la posible elección presidencial de 2020 sea entre Donald Trump y Oprah Winfrey.

La aristocracia académica y gobernante americana se ha borrado del mapa. Hombres como Al Gore que fueron educados por un sistema para gobernar su país, ceden los trastos a las celebridades porque son las que pueden ganar. Es una tragedia mayor que el país que Estados Unidos fue se acabó.

Hago algunas reflexiones que creo deberíamos hacernos. ¿Debemos seguir dejando la responsabilidad, que ha sido más irresponsabilidad, de seleccionar a los individuos a los partidos políticos sin mayor requisito? ¿No deberíamos plantearnos filtros o requisitos legales para forzar que lleguen los mejores de entre nosotros?

Entendiendo el complejo tema de lo que en nues-tros días puede caer en discriminación, pero, a estas alturas del siglo XXI, ¿no será conveniente exigir un mínimo de formación académica, un idioma como el inglés, conocimientos básicos de economía o derecho, etcétera?

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