Todo va bien

De poco sirvió que, después del enfrentamiento en Texcapilla, en el cual murieron once extorsionadores y tres vecinos, llegaran a ese poblado efectivos de la Guardia Nacional, porque desde aquel día habitantes de la comunidad han sido tomados como rehenes por el grupo criminal que desde hace siete años asola a los habitantes de Texcaltitlán, Tejupilco, Temascaltepec, Coatepec de Harinas y Sultepec.

Con la presencia de los elementos policiacos era de esperarse que los delincuentes se vieran impedidos a tomar represalias contra quienes, hartos de la extorsión, se armaron para enfrentarlos no sólo de machetes, palos y escopetas sino, sobre todo, de coraje.

Pues no ha sido así. La gobernadora del Estado de México reconoció que hay desaparecidos. Pero soslayó que se trata de secuestrados. Los desaparecidos no se esfumaron. Sufren una de las situaciones más angustiosas a que se puede enfrentar un ser humano. Son rehenes cuya suerte depende de sus secuestradores.

Mientras el Presidente festeja que todo va bien, lo cual es cierto exclusivamente en el universo paralelo de su discurso, varios pobladores de Texcapilla están en poder de criminales que exigen, para liberarlos, que les sean entregados quienes tuvieron la osadía de hacer frente a los encargados de cobrar el pago de la extorsión.

Todos los días, decenas de miles de ciudadanos en el país son forzados a pagar una cuota a delincuentes sin escrúpulos que los amenazan con el secuestro o la muerte si no cumplen con el pago. Una parte del fruto de su trabajo es para esos desalmados, lo cual es inadmisible. No hace falta subrayar el sentimiento de humillación, desasosiego, impotencia y rabia de las víctimas de las exacciones. Pero, además, los grupos criminales secuestran, roban, asesinan, violan.

En vez de proclamar que todo va bien y presumir puerilmente que él se reúne con su gabinete de seguridad todos los días a las seis de la mañana, el Presidente tendría que reconocer su fracaso en materia de seguridad (como en todas las demás) y buscar revertirlo. Sólo desde una postura esquizofrénica o cínica puede afirmarse que las cosas van bien cuando nuestro país es uno de los más violentos del mundo —en este gobierno se ha roto el récord de homicidios dolosos y desapariciones forzadas— y 99 de cada 100 delitos, y nueve de cada 10 homicidios dolosos, quedan impunes.

Poco antes de la batalla de Texcapilla, cinco estudiantes de medicina fueron asesinados en Celaya, y poco después 12 jóvenes que disfrutaban de una posada en Salvatierra fueron masacrados. López Obrador ha sugerido, sin sustento alguno, que los asesinatos están relacionados con las drogas. Aunque así fuera, eso no atenúa la gravedad de esos crímenes, mínima muestra de la espantosa inseguridad que prevalece en el país.

Fernando Escalante explica: “El Estado carece de legitimidad, o tiene una muy precaria legitimidad, pero lo que importa es que al otro poder, al poder real no se le pide ningún título: el rasgo más ominoso de la crisis política es esa disolución moral del vínculo que constituye la autoridad —manda el que puede, porque puede. El problema no es la ausencia del Estado, sino que el Estado (la idea, las leyes, los funcionarios, la fuerza pública) forma parte de ese otro orden, es decir, que el Estado, como hecho, es uno de los factores de un sistema predatorio… (México: el peso del pasado. Ensayo de interpretación, Cal y Arena)”.

México registra más de 30,000 asesinatos al año y sólo en este sexenio han desaparecido más de 44,000 personas para sumar más de 113,000 desapariciones. Cada día son asesinadas en el país entre 80 y 90 personas. Nuestra tasa de homicidios dolosos es de 26 por cada 100,000 habitantes. En los países de la Unión Europea esa tasa es de uno por cada 100,000 habitantes y el 90% de los homicidios se castiga. A eso debiera aspirar el gobierno, que no ha cumplido su principalísimo deber de brindar un grado razonable de seguridad pública. El Presidente, en lugar de alarmarse por los resultados catastróficos en materia de seguridad (¡y en tantas otras!), está obsesionado en devastar al Poder Judicial —¡Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres, elección en las urnas de los juzgadores, Dios mío!— y en difamar o calumniar a quienes exhiben la corrupción o critican las perversidades de la 4T.