Otro periodista asesinado, la misma impunidad

Ayer fue asesinado otro periodista en México. Ahora fue el turno de Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, asesinado en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Antonio fue muerto frente a su domicilio, cuando estaba con su familia: su hija, menor de edad, está grave por los disparos recibidos, y su esposa sufrió heridas. Son ya 12 los periodistas asesinados sólo en lo que va de este 2022. Son los seis meses más sangrientos para esta profesión en la historia de México.

“Se ha alcanzado una cifra negra inédita de crímenes en contra de comunicadores, lo cual es inaceptable”, sostuvo ayer la Alianza de Medios MX, que agrupa a los principales medios de comunicación del país para atender, precisamente, la violencia contra periodistas y otras limitaciones ejercidas contra el libre ejercicio periodístico. Este crimen, sostiene la Alianza de Medios MX, se da en “un contexto de creciente inseguridad y violencia” que “debe ser atendido con urgencia por las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

No es diferente a lo que sostenían, hace apenas unos días, distintos sacerdotes en el sepelio de los dos padres jesuitas muertos en Chihuahua. Esperemos que no se diga, después de 12 asesinatos en seis meses, que se trata de crear un complot contra el gobierno y que los medios y los comunicadores están “apergollados” con los conservadores.

No se quiere entender que lo que se vive es una profunda crisis de seguridad que la estrategia seguida por el gobierno federal no sólo no atenuó respecto a lo que vivíamos en el pasado, por el contrario, la ha profundizado. Sacerdotes, periodistas, funcionarios, niños, mujeres, personas de la tercera edad, la violencia no hace distingos. Se dice, una y otra vez, que no habrá impunidad, pero la misma persiste en prácticamente todos los sucesos.

En los casos de los periodistas asesinados, en algunos se ha detenido, sin saber si eran los auténticos responsables o no, a sicarios, asesinos a sueldo menores, pero no a los autores materiales, a quienes ordenaron esos crímenes. Se llegó al límite de detener en Veracruz, por el asesinato de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, a un motociclista de entregas rápidas de comida, que vivía en una ciudad a decenas de kilómetros del crimen y que resultó ser un homónimo que fue liberado cuando familiares y amigos demostraron que no tenía nada que ver con esas muertes. Nunca sabemos por qué fueron asesinados los periodistas y quién está detrás de esos crímenes.

Se supone que es el crimen organizado el que mata, y es verdad en muchos casos, pero en otros no: se trata de políticos, caciques o funcionarios, sobre todo locales, que se aprovechan del clima de violencia e impunidad para cometer esos crímenes. Antonio era, además de reportero, director de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano en el estado. Puede haberlo acallado el crimen organizado o el crimen político. Y como no se llega a los autores intelectuales, se da una vuelta de tuerca a la impunidad.

Eso ha propiciado que, como dice el comunicado de la Alianza de Medios MX, existan en el país “zonas de silencio” que “han sido arrebatadas a la sociedad civil y a las autoridades por poderes fácticos que han impuesto su ley”, situación que no puede ser aceptada porque significa “no sólo callar a los comunicadores, sino al derecho de la sociedad de estar informada y, por ende, a todo el sistema democrático”.

No se trata, insistimos, sólo de periodistas. El fin de semana pasado hubo más de 200 muertos; en Acapulco y Chilpancingo, aun con visita presidencial en el estado, se quemaron restaurantes, tráileres, se bloquearon carreteras y se asesina, un día sí y el otro también. Hubo masacres en Tijuana y en Quintana Roo, se emboscó a policías en Tamaulipas y en Nuevo León. Se mató a un niño de 10 años y a su mascota en Guanajuato. En la Ciudad de México, el número de mujeres desaparecidas pasó, en los tres y medio primeros años del gobierno de Peña Nieto, de 93, a las 930 de los tres y medio primeros años de la actual administración; el promedio de edad de las mujeres desaparecidas es de entre 10 y 19 años. Los feminicidios han crecido un 20% en 25 municipios en lo que va del año.

¿Qué otros datos necesitamos para comprender que se debe revisar la estrategia de seguridad?, ¿quién dijo que las únicas opciones en términos de seguridad pasan por la violencia indiscriminada o la permisividad a los criminales? La estrategia debe ser revisada porque es contradictoria, es, como hemos dicho muchas veces, una no estrategia, una suma de eslóganes sin demasiado contenido real. Las propias fuerzas de seguridad federal están confundidas respecto a su papel y sus límites. Y, en el caso de los periodistas asesinados, el continuo flujo de agravios y descalificaciones desde los más altos niveles del gobierno no ayudan, precisamente, a garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la profesión.

ARMAS

Cuestionado dentro y fuera del PRI, el líder de ese partido, Alejandro Moreno, recuperó una de las propuestas de la extrema derecha republicana: pedir que se armen las familias para combatir a los delincuentes. Es una barbaridad que aquí, como en Estados Unidos, olvida lo principal: lo que se requiere es que haya menos armas en las calles, no más, y que sea el Estado el que se haga responsable de la seguridad pública, no la gente armada indiscriminadamente. Hacer justicia por propia mano no es justicia, es un crimen que, a su vez, fomenta más y mayor violencia.