Negociar lo ¿innegociable?

Los juzgadores federales han logrado algo histórico en México. Unirse como gremio, en conjunto con los trabajadores jurisdiccionales y de base, para pedir que una reforma hecha sin planeación, inconsistente y con graves riesgos para la democracia y el desarrollo económico realmente se procese con mesura. La ONU y la OEA han advertido que aprobarla como quiere el gobierno saliente afectará los derechos humanos de los mexicanos y se termina con la independencia de los jueces.

Las reformas que el gobierno saliente de Morena pretende aprobar implican: jueces de partido no independientes (Poder Judicial sin autonomía), más prisión preventiva oficiosa (más personas detenidas en las cárceles sin importar si son inocentes) y el Ejército en pleno en las calles, además de la prohibición de financiamiento de organizaciones no gubernamentales.

A lo anterior habría que añadir una propuesta realizada por un proactivo diputado de Morena, candidato a ministro, en el sentido de reformar el artículo primero de la Constitución y acotar el llamado “bloque de constitucionalidad”. Esto, en palabras sencillas, es limitar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos y salirse del sistema interamericano. Y no podemos decir que ese legislador no sabe el alcance de sus palabras.

Todas estas acciones dan sentido a las preocupaciones de la ONU, OEA, Estados Unidos y Canadá, porque dibujan un gobierno autoritario, con facultades desbordadas y con una cercanía con Rusia, Cuba y Venezuela.

Y aquí un tema adicional. El departamento de Estado de Estados Unidos ha detectado que el gobierno saliente mexicano está movilizando activos para propiciar que los mexicanos residentes allá voten en contra de Kamala Harris y, obviamente, en favor de Donald Trump. Lo cual, de ser cierto, habla de una ruta de choque de la que, incluso, la administración entrante no está enterada. Una muy mala combinación se está conformando.

Regresando al tema esencial. La petición de los juzgadores federales resulta razonable en virtud de que abrir un espacio de negociación no lleva a ninguna de las partes ni a claudicar ni a vencerse, sino en pensar en un mejor futuro para México.

La negociación, en los términos que las personas juzgadoras han puesto sobre la mesa, con temas concretos expresados en su manifestación en San Lázaro, es una ruta clara y transparente que, incluso, los diputados entrantes han enviado por diversos canales de comunicación informales.

La unificación de trabajadores y juzgadores del Poder Judicial federal en torno a la figura de la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de JUFED, la organización mayoritaria de personas juzgadoras, que no excluye a las agrupaciones hermanas, es una buena señal y resulta justo como consecuencia de los ataques del Ejecutivo saliente.

Nunca en la historia de México juzgadores y trabajadores del PJF se habían movilizado públicamente en una magnitud similar para defender un tema que nos debe importar a todos: la vigencia de la democracia y la defensa de los derechos humanos, tutelados por la Constitución y los tratados internacionales y, por lo tanto, materializados a través de la acción de los juzgadores.

Morena quiere conculcar el derecho de juzgadores y trabajadores a expresarse públicamente contra una reforma, o simulación de una, para cometer un acto antidemocrático al someter al Poder Judicial. Sin embargo, JUFED y los trabajadores abren un espacio para poder transitar una propuesta sana, es decir, diálogo democrático.

Se les acusa por anticipado de violar la ley por recurrir a una suspensión de labores, pero no existe tal. Pueden hacerlo y no es de su lado donde está la intransigencia. Recordando a Morena, en la defensa de la democracia se debe ser intransigente, ¿o no?