El México que despoblamos

El gobierno mexicano trata de manejar una crisis migratoria compleja por sus componentes. Uno de ellos, disfrazados entre este flujo, es el de mexicanos que deciden despoblar amplias zonas del sur, centro y norte del país expulsados por los cárteles de la droga, y el otro, es la oleada de desplazados climáticos que provendrán de Centroamérica y el Caribe.

Tan sólo el Banco Mundial está calculando que 216 millones de personas podrían estarse desplazando dentro de los países del mundo por motivos climáticos en el año 2050 y advierte que, en los próximos 10 años, es decir al cumplirse el plazo de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya podrían ubicarse puntos críticos de migración por razones medioambientales.

Pronostica para América Latina 17 millones de desplazados climáticos, en los que está incluido México. Y el reto es identificar esas regiones continentales en las que el cambio climático ha terminado con los medios de subsistencia y expulsado a las poblaciones.

Entonces en estos momentos tenemos a migrantes orillados por la incapacidad de las economías de sus países para generar empleos y una vida digna —aquí podemos incluir a ciertos estados de México—, y desplazados por la violencia del crimen organizado y las bandas criminales como son el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala, y también debemos incluir vastas comunidades de México como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, entre otros, aunque esta última migración se realiza de manera distinta.

Los desplazados climáticos comienzan a estar presentes en ese fluir de personas y son aquellos campesinos que dejaron de cultivar por la sequía o por las lluvias extremas. La FAO ha identificado lo que se conoce como el Corredor Seco de Centroamérica, que es una franja de territorio que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

A lo largo de ésta viven más de 10 millones de personas dedicadas a la agricultura de pequeña escala y se caracteriza por ser una zona altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, afectando los medios de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. El 80% de los pequeños productores viven en pobreza, y muchas personas se ven obligadas a migrar.

Si bien la FAO trabaja para generar una agricultura resiliente a los fenómenos extremos —que nada tiene que ver con el programa mexicano Sembrando Vida, el Banco Mundial hace las siguientes recomendaciones a las que México no puede sustraerse:

Reducción de emisiones y cumplimiento del Acuerdo de París; integrar la migración interna por motivos climáticos en la planificación de un desarrollo verde, resiliente e inclusivo; prepararse para cada fase de desplazamiento; invertir en una mejor comprensión de los factores que impulsan la migración interna por razones climáticas y formular políticas públicas adecuadas.

En otro ángulo de este problema, en un interesante trabajo de la investigadora Rosalía Ibarra Sarlat, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, establece que la degradación ambiental repercute en los ámbitos social, cultural, económico, político e incluso sicológico, con lo que se transgreden los derechos humanos.

En su libro Desplazados climáticos: evolución de su reconocimiento y protección jurídica, expresa que los derechos humanos de éstos no son violados por los fenómenos meteorológicos que se presentan como contexto, sino por la incapacidad del Estado de origen del desplazado de continuar con la protección de sus derechos humanos tras los fenómenos.

La comunidad internacional debe proteger durante el desplazamiento, así como en el reasentamiento de las personas forzadas a migrar, lo que contribuirá a afrontar el vacío normativo, especialmente en el plano transfronterizo.