La “nueva reforma” educativa

A pesar del bloqueo impuesto por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las actividades de San Lázaro, esta semana se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen sobre la Reforma Educativa propuesta por el nuevo gobierno.

De acuerdo con el dictamen aprobado, desaparecería el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo autónomo creado apenas en 2013 tras la Reforma Educativa del sexenio pasado. En su lugar, se propone la creación de un organismo “para la mejora continua de la educación”, con autonomía técnica y de gestión, que contará con un Consejo Ciudadano honorífico. Un aspecto clave de la reforma que se busca derogar fue intentar establecer criterios más claros para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes, a partir de una evaluación de su desempeño.

 Por lo tanto, se propone eliminar las evaluaciones “que afectan la permanencia de los maestros” y se establece que los derechos laborales del magisterio se regirán por el Apartado B del artículo 123 constitucional. La propuesta abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE. Si bien queda muy claro todo lo que desaparece de la malhadada reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, no resulta del todo claro qué es lo que tomará su lugar.

Vista desde una perspectiva de mediano plazo, algunos aspectos de la política educativa no parecen cambiar demasiado. No es la primera vez que inicia un nuevo sexenio con la promesa de una reforma educativa definitiva. De hecho, un rasgo distintivo de los últimos sexenios, desde Zedillo hasta López Obrador, ha sido el anunciar distintos tipos de reformas o programas de modernización educativa.

Por desgracia, estos esfuerzos rara vez han partido de un diagnóstico riguroso y, una vez puestos en marcha, rara vez se ha hecho una evaluación cuidadosa del impacto de todas estas reformas antes de echarlas atrás o reforzarlas. Esta ocasión no parece ser la excepción: se propone echar atrás aspectos clave de la pasada reforma educativa sin ofrecer un diagnóstico claro de lo que ha funcionado y lo que merece modificarse.

A lo largo de varias décadas, en lugar de pensar en una política educativa que enfatice el bienestar y el desarrollo de los estudiantes —o en su defecto, que se consideren las opiniones de padres y madres de familia—, ha privado la influencia y capacidad de negociación política del magisterio y sus organizaciones sindicales: el  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Así, mientras cientos de miles de menores de edad pierden clases cada año con cada negociación, con el costo económico y social que ello implica, miles de docentes mantienen su plazas y salarios intocados independientemente de la buena o mala calidad de su trabajo.

Actores clave como Elba Esther Gordillo, otrora aliada estratégica de gobiernos priistas y panistas, hoy parecen estar muy cerca del nuevo gobierno. Cuando la coyuntura así lo permitió, el sindicato de maestros se hizo de un partido político nacional. Y si bien el Partido Nueva Alianza perdió el registro en 2018, muchos de sus líderes se disponen ya a buscar el registro de un nuevo partido político afín al nuevo partido en el gobierno.

Durante 2013, diversas secciones de la CNTE hicieron paros y manifestaciones en diferentes ciudades del país para intentar bloquear o desdibujar la Reforma Educativa peñista. En cierto sentido, lo lograron. Durante 2018, la CNTE fue aliada de la campaña lopezobradorista.

 A pesar de que aquella alianza ayudó a Morena a conseguir una holgada mayoría en ambas cámaras, hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha impedido que el Congreso sesione por más de una semana, más lo que se acumule en las semanas por venir.

Dentro de toda esta continuidad, destaca un contraste clave: La facilidad con la que el nuevo gobierno despidió a funcionarios, redujo plazas y eliminó prestaciones de tantos servidores públicos —de nuevo, a partir de un escaso o nulo diagnóstico o evaluación—, contrasta con la promesa de no afectar a los maestros, independientemente de su desempeño. En materia de educación básica, media y superior, como en tantas otras áreas sustantivas de la política social del nuevo gobierno, se extraña el peso de la evidencia. Ojalá se escuchen más voces que los de quienes hoy bloquean el trabajo legislativo.