Las campañas de 2027 ya han comenzado. Como la ambición política es permanente, las candidaturas competitivas requieren esfuerzos de largo plazo. Vicente Fox en 2000, Andrés Manuel López Obrador en 2006, Enrique Peña Nieto en 2012 y Claudia Sheinbaum en 2024 son claros ejemplos de cómo puede utilizarse un cargo ejecutivo local para construir una candidatura presidencial. En el momento en que pidieron licencia o concluyeron sus cargos anteriores, ya eran claros candidatos de sus partidos.
Vale la pena recordar que López Obrador pidió licencia al cargo de jefe de Gobierno en julio de 2005, antes de que iniciara el proceso electoral. Por su parte, Felipe Calderón era integrante del gabinete de Vicente Fox y renunció a la Secretaría de Energía en junio de 2004 para buscar la candidatura presidencial de su partido. Para obtener la candidatura del PAN antes tuvo que derrotar a Santiago Creel. Enrique Peña Nieto concluyó su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2011. Enseguida se perfiló como candidato presidencial del PRI gracias a los acuerdos y alianzas que construyó aún siendo gobernador.
Algo similar ha ocurrido con candidatos que eventualmente perdieron en las elecciones ordinarias. Ricardo Anaya pidió licencia como diputado federal en junio de 2015 para asumir la presidencia del PAN. En diciembre de 2017 dejó la presidencia de su partido para buscar la candidatura presidencial. José Antonio Meade renunció a la Secretaría de Hacienda en noviembre de 2017.
Desde la reforma electoral de 2007, la regulación de los actos y plazos de las campañas electorales en México sigue un modelo sumamente restrictivo. Por un lado, se modificó el así llamado modelo de comunicación política para que los partidos políticos tuvieran espacios en radio y televisión administrados por el IFE, al mismo tiempo que se les prohibió adquirir spots en tales medios. Desde entonces, ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electoral en radio o televisión.
Para bien o para mal, la propaganda en internet o redes sociales no tiene regulación similar, aunque se intenta fiscalizar durante los periodos de campañas. Esto ha tenido consecuencias en el tipo de campañas electorales: muchos suspirantes a una candidatura primero intentan ser influencers. Por otro lado, ante el inusual activismo de no pocos gobernadores en aquellos años, esa reforma electoral también intentó regular los plazos de precampañas y campañas, y se prohibieron los así llamados actos anticipados de campaña.
Además de esto, desde 2007 se reformó el artículo 134 constitucional para prohibir cualquier tipo de promoción personalizada de las personas servidoras públicas, quienes están obligadas a actuar con imparcialidad para no influir en las contiendas electorales. Las y los legisladores tienen la ventaja relativa de que pueden expresarse en tribuna con plena libertad. En la reforma electoral de 2014, se señaló como causa de nulidad el exceder los topes de gasto de campaña, o bien utilizar recursos públicos o de procedencia ilícita en las campañas. Sin embargo, muy pocas elecciones se han anulado a pesar de la abultada evidencia de campañas cada vez más onerosas.
La regulación vigente de campañas tiene ciertas ventajas y muchas desventajas. Un problema de un modelo tan restrictivo es que ha obligado a las autoridades electorales a adoptar definiciones subjetivas y criterios erráticos sobre qué constituye o no propaganda electoral, qué puede considerarse o no promoción personalizada, qué conductas de los servidores públicos inciden o no en la equidad de la contienda, o bien qué conductas pueden considerarse o no actos anticipados de campaña, en qué momento pueden reclamarse estas violaciones y, en su caso, qué sanciones pueden ordenarse. Las coordinaciones territoriales, las manifestaciones vertidas en las conferencias mañaneras y los anuncios espectaculares de generación espontánea son claros ejemplos de lo difícil que resulta regular el discurso político y los actos anticipados de campaña. Sin embargo, las deficiencias de la ley o de su interpretación en los tribunales no deberían ser un pretexto para su recurrente violación.