Eliminar pensiones: ¿sólo a expresidentes?

Como parte de la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que Morena presentó en la Cámara de Diputados, destaca la eliminación expresa de las pensiones a expresidentes. La propuesta legislativa consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 83 constitucional en el que se estipule que los exmandatarios no recibirán pensiones (vitalicia de 205 mil pesos mensuales) y prestaciones en materia de seguridad social (seguro de vida y de gastos médicos mayores) ni ningún beneficio de carácter económico, social y administrativo (equipo de seguridad, empleados de gobierno a su servicio), tal como lo estipula el Acuerdo Presidencial 2763-Bis de 1987, que deberá derogarse. Se argumenta que: el acuerdo no puede estar por encima del artículo 123 la ley del ISSSTE en materia de seguridad social para los trabajadores y servidores públicos; y que “la austeridad permitirá erradicar los excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos”.

Con los mismos argumentos (que incluye el ahorro presupuestal de 40 millones anuales) para acabar con los privilegios de los expresidentes, también se pueden eliminar otras pensiones y beneficios, entre ellos, los obtenidos por los ministros de la Suprema Corte, profundamente inequitativos (sin olvidar los jugosos salarios y prestaciones que gozaron durante su gestión), si se comparan con los recibidos por la mayoría de los mexicanos (por ejemplo, quienes ganan un salario mensual de cinco mil pesos, recibirán una pensión de mil 275 pesos), o peor aún, con el 65% de los trabajadores que no se beneficiarán de un retiro.

En la Constitución (artículo 94, penúltimo párrafo) sólo se estipula que los ministros, al terminar su periodo, “tendrán derecho a un haber por retiro”, pero es en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 183, primer párrafo) donde se precisa que dicho haber será vitalicio y “será equivalente al 100% durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo”. Así, la pensión de un ministro de la Corte asciende a 258 mil 679 pesos mensuales (1000% más alta que la más elevada otorgada a servidores públicos por el ISSSTE), cantidad que recibirá completa durante dos años (3 millones 104 pesos en total), y posteriormente el 80 por ciento del total la misma. Además, los ministros jubilados reciben “apoyos” en gastos de alimentación (134 mil pesos al año), un seguro de gastos médicos mayores y el servicio de cinco trabajadores, con sueldos promedio de 40 mil pesos, y que serán pagados por la propia Corte. La exministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, reconoció la necesidad de revisar los montos de los retiros e, incluso, dijo en junio “que estaría dispuesta a donar su pensión (que recibe desde diciembre de 2015) a una institución de beneficencia, si gana AMLO”.

Entonces, como parte del plan de austeridad necesario para el Poder Judicial, deberá incluirse la eliminación (reforma constitucional) o al menos una reducción sustancial del monto destinado a las pensiones a los ministros (cambio legal), sino es que también de los magistrados, y así poder bajar más su presupuesto para el 2019. Ahorros de este tipo no mellarían al Poder Judicial, sino que, por el contrario, le darían mayor autoridad moral y lo fortalecerían como contrapeso indispensable de los otros poderes.

ENTRETELONES

El pago de pensiones representa el 15% del presupuesto y 3.7% del PIB.

           Twitter: @evillarrealr