Primero el caos, luego el petróleo

La Presidenta resaltó el carácter unilateral de la decisión de Washington de clasificar al crimen organizado que opera en territorio nacional como organizaciones terroristas.

Por Fadlala Akabani

De acuerdo con el reconocido economista y catedrático norteamericano Jeffrey Sachs, tan sólo de 1947 a 1989 Estados Unidos lanzó 64 operaciones encubiertas para lograr el mismo número de golpes de Estado alrededor del mundo, la mayoría fueron dirigidas por la CIA. No es casual entonces el papel que jugó en el ascenso de diversos grupos criminales, como el Cártel de Guadalajara, principal proveedor de sustancias ilegales en EU durante los años 70 y 80 del siglo XX. El caso, ampliamente documentado por Jonathan Marshall, en el que también critica el proceder no sólo de las entidades gubernamentales mexicanas, como la extinta Dirección Federal de Seguridad, sino además dependencias como el Departamento de Estado, al que señala de proporcionar protección legal a narcotraficantes miembros del cártel, en su artículo: CIA Assets and the Rise of the Guadalajara Connection (1991).

Como ha sido documentado por diversas fuentes, directa e indirectamente (a través de ONG y terceros) EU sistemáticamente ha financiado, armado e incluso entrenado a grupos armados, que bien pueden ser terroristas en Oriente Medio, mercenarios en Europa del Este o rebeldes en África subsahariana, bajo la siguiente dinámica: establecer un estado de caos y confusión, generando el escenario propicio para derrocar gobiernos y hacerse con el control de territorios y recursos estratégicos en función de sus objetivos geopolíticos globales.

Lo que estamos viviendo en AL, especialmente en México, forma parte de una representación cuyo libreto es similar a los escenarios mencionados. El 19 de febrero de 2025 el Departamento de Estado formalizó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que incluye a ocho grupos criminales que operan en AL en la lista de organizaciones terroristas. Entre los que están la Mara Salvatrucha (El Salvador), El Tren de Aragua (Venezuela), y el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, con base en territorio mexicano.

En teoría, incluir a estos grupos criminales profundiza las capacidades legales y financieras del gobierno de EU para debilitarlos y ahondar la investigación de las instituciones financieras que les facilitan el lavado de dinero, así como el mapa de relaciones con grupos criminales del otro lado de la frontera, que son parte integral del engranaje binacional del narcotráfico. Sin embargo, en la práctica, la designación de grupos en la “lista del terror” que iniciara George Bush en septiembre de 2001, va más allá pues subyace una narrativa que eventualmente justifique una incursión militar de EU en México.

La respuesta del gobierno de México fue pronta, pero contundente; en la conferencia matutina del 20 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el carácter unilateral de la decisión de Washington de clasificar al crimen organizado que opera en territorio nacional como organizaciones terroristas. Esa misma mañana, anunció dos iniciativas de reforma, la que está relacionada con la soberanía nacional, adicionando al segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones, o la violación del territorio mexicano por mar, tierra o espacio aéreo”.

Respecto a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la reforma al artículo 19 de la Constitución: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Coincido con el actuar de la presidenta Sheinbaum, pues hay colaboración con EU para combatir al crimen organizado, sin que esto represente oportunidad alguna para socavar nuestra soberanía, porque en México encontrarán coordinación, nunca subordinación ni injerencia y, mucho menos, invasión; la soberanía de México no es negociable.

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