No hubo sorpresa. No tendría por qué haberla. A partir de la palabra de dos testigos colaboradores, el juez Mario Elizondo vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y ordenó que se refunda en el penal de alta seguridad del Altiplano.
De nada sirvieron —no tendrían por qué— los argumentos y documentos expuestos por la defensa. El juez los desestimó uno por uno. Aguirre quedó formalmente vinculado por desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
Y deberá defenderse desde la cárcel, porque la instrucción de la FGR y la Presidencia de la República parece ser una: aplástenlo. Háganlo pedazos, luego averiguamos.
¿Qué probabilidad había de que este hombre de 70 años, enfermo, se fugara durante el proceso? ¿Qué tan problemático sería mantenerlo bajo una vigilancia básica, no muy cara? Pero, como con Ernesto Ruffo, las autoridades se han empeñado en denigrarlo.
¿Quiénes siguen? Tras lo ocurrido, la respuesta tiene que ser cada vez menos hipotética: el próximo, en el plano federal o estatal, será otro que encaje a la perfección en la narrativa y las necesidades del régimen 4T. En ese momento de la historia patria estamos. Luego averiguamos.