Se cumplen 10 días desde que un grupo de organizaciones ambientales planteó las preguntas que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no había querido responder sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México: ¿cuándo comenzó?, ¿por qué ocurrió?, ¿quién es responsable?, ¿qué protocolos se activaron?, ¿cuál es la magnitud del daño?
Las organizaciones han seguido presentado evidencias de que la crisis –que, según sus cálculos, afectó unos 400 kilómetros cuadrados —habría iniciado en los primeros días de febrero y no en los de marzo, como insiste el gobierno. A ello se sumaron los testimonios de pescadores y habitantes afectados que demolieron el relato oficial de que ya todo se encontraba bajo control.
El 31 de marzo, la Presidenta anunció que se reuniría con un grupo técnico. Cabía esperar que pusiera orden en la estrategia de contención y limpieza, y que aportara información verificable.
Al menos lo último, no ha ocurrido. Ni Pemex ni Palacio Nacional han respondido a esas preguntas elementales: ¿cuándo, cómo, por qué, quién?
La Presidenta anuncia ahora que sesiona con un “Observatorio” multidisciplinario que hará una “revisión integral de las causas de los derrames —en plural— y cómo se ha venido trabajando para limpiar el mar”.
¿Por qué le está costando tanto articular una narrativa clara y verosímil? ¿A quiénes está protegiendo?