Unos cuantos periodistas cuestionamos en 1997 la forma acrítica en que políticos y medios mexicanos validaron una nota del New York Times (NYT) sin una fuente claramente identificada. La nota sostenía, a grandes rasgos, que, según informantes de la DEA, los gobernadores de Morelos, Jorge Carrillo Olea, y de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, tenían ligas con grupos criminales. Han transcurrido 29 años sin que las autoridades de Estados Unidos hayan actuado contra los dos exgobernadores. Ni siquiera los molestaron. Por eso, no puedo sino estar de acuerdo esta vez con el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien acaba de ser señalado por el NYT, también sin fuentes claras, de estar bajo investigación en ese país por sus supuestos vínculos con organizaciones criminales. Durazo envió el fin de semana una carta a los editores del NYT. Afirma que la nota carece de sustento verificable y les solicita que aclaren que él “no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna”. No recuerdo si Durazo aprovechó en público la nota de 1997. Me consta que en privado se sirvió de ella para tiznar a Beltrones. Eso no le quita la razón ahora. Y no se trata de una paradoja. Se trata, como hace 29 años, de una nota sin fuentes claras.