Estado de derecho
Es cuando los gobernantes se someten a la Constitución y dan a los gobernados una idea de lo que está prohibido hacer.
Raúl Contreras Bustamante
Corolario
El concepto Estado de derecho, en su más simple acepción, significa el Estado sometido al derecho. Es la autolimitación de las autoridades, su aceptación expresa a subordinar sus actos a las normas legales que imponen límites jurídicos a su poder público.
Se dice que se vive en un Estado de derecho cuando, de forma permanente e invariable, los gobernantes se someten a la Constitución y dan a los gobernados una idea clara de lo que está permitido y prohibido hacer.
Cuando el sometimiento a la ley es por igual, de parte de gobernantes y gobernados, se crea una certidumbre sobre los alcances y la efectividad de la ley, que instituye un fenómeno que los juristas conocen como “seguridad jurídica”.
La ambición por que sus partidos y sus candidatos permanezcan en el poder, está obsesionando al Presidente y al jefe de Gobierno del DF —en su respectiva competencia—y están vulnerando a la Constitución.
El artículo 41 constitucional, determina que: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”.
La libertad ciudadana para elegir, así como la equidad de la contienda, están siendo perturbadas por quienes deberían ser sus garantes.
La declaración de Calderón respecto a que la diferencia entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota es de sólo cuatro puntos porcentuales, se inscribe como una violación flagrante a los principios constitucionales.
Aunque al día siguiente prometió no volver a hacerlo, el golpe fue premeditado y artero. Lo declaró frente al Consejo Directivo de Banamex, no ante ciudadanos de alguna sierra o comunidad indígena. Buscaba desorientar a los inversionistas e inhibir sus apoyos y simpatías hacia el puntero.
Lo hizo al comenzar la etapa de silencio electoral que imponen las reformas constitucionales últimas, puesto que sabe que 90 días de campaña serán muy pocos para que la panista remonte la diferencia de 20 puntos que casi todas las encuestas coinciden en señalar.
Se basó en cifras de una sola encuestadora, que tiene fama de ser contratada de manera frecuente por la dirigencia panista, y lo hizo de forma soterrada, aunque fue descubierta por varios de los consejeros, que lo hicieron del conocimiento de la prensa.
Por otra parte, la capital de la República se ha visto infestada de propaganda electoral del PRD y del PT, ambos partidos aliados en torno de López Obrador.
Además de extemporáneo y ventajoso, el cúmulo de gallardetes, mantas, espectaculares y demás,fue fijado al equipamiento urbano y a los árboles, con desorden y abuso. La ciudadanía se ha quejado a través de los medios informativos de esta contaminación visual del entorno citadino.
Lo que llama a la reflexión es que quedó comprobado que no fue el PRD quien patrocinó los cientos de millones que se derrocharon en esta acción. Y ello se demostró con el hecho de que no será sino hasta el 5 de marzo cuando ese partido decidirá sus candidaturas. Tal derroche electoral, entonces, no puede haber salido más que de la Jefatura de Gobierno y pagada con recursos públicos.
Si los que deben poner el ejemplo, violan la ley de manera flagrante, ¿dónde quedan la seguridad jurídica y el Estado de derecho?
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.