El mandato contra la barbarie
Sobre la estela de muerte, dolor y miedo que, día con día, deja tras su paso la ola de violencia, emerge una sociedad en demanda de respuestas. En ella concurren rabia e impotencia, hastío e incertidumbre, críticas y propuestas. Hay diversas percepciones y visiones ...
Sobre la estela de muerte, dolor y miedo que, día con día, deja tras su paso la ola de violencia, emerge una sociedad en demanda de respuestas. En ella concurren rabia e impotencia, hastío e incertidumbre, críticas y propuestas. Hay diversas percepciones y visiones sobre lo que nos está ocurriendo y lo que debemos hacer para vivir con tranquilidad y libertad, pero la exigencia es una sola: frenar esta caída vertiginosa a las peores formas de la degradación humana y la descomposición social: asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas, decapitaciones, mutilaciones, extorsiones, corrupción y, al final, para cerrar el círculo de la infamia, impunidad.
Frente a los cuestionamientos ciudadanos se alinean quienes defienden la estrategia gubernamental contra el narco, mediante una trampa retórica. Nos dicen que el Estado debe combatir al crimen para garantizar nuestra seguridad. ¿Acaso alguien ha cuestionado esa responsabilidad primordial del poder público? La cuestión, más bien, reside en dilucidar si esta es la mejor forma de combatir al crimen y brindar seguridad a la gente. El gobierno no sólo lo afirma y lo reitera, sino además nos avisa que faltan siete años para que la violencia acabe, según prevé —no sé cómo— el secretario García Luna; y los partidos de oposición flotan entre un flojo discurso de apoyo al gobierno, la evasión y el silencio, sin fijar una posición clara sobre lo que harían si llegan al poder, con el mezquino afán de no poner en riesgo sus componendas y apoyos electorales. Pero buena parte de los ciudadanos estamos convencidos que esta no es ni la única ni la mejor forma de hacerlo. Lo hemos dicho muchos hasta el cansancio: en esta guerra inopinada, mal planeada y mal enfrentada, Estados Unidos pone la demanda de drogas y la oferta de armas, sin pagar los costos de la violencia; y nosotros ponemos los muertos y la descomposición social e institucional, sin haber abatido, por otra parte, las crecientes adicciones en nuestro país.
Los terribles hechos de las últimas dos semanas en Morelos y Tamaulipas, como todas las vidas perdidas en cualquier parte del país, obligan a preguntar una vez más: ¿Qué hemos ganado con esta guerra? ¿Cuándo acabará? ¿Cree de verdad el gobierno que la violencia tendrá punto final si, bajo su lógica, ello supondría que dejara de haber demanda y, por tanto, oferta de drogas y oferentes organizados, o sea cárteles? De ser consistente, esta lógica significa guerra y violencia sin fin. La confrontación, con muchas balas y poca inteligencia, arroja un saldo devastador que, luego de cuatro años, suma casi cuarenta mil personas muertas. Si la primera razón de ser del poder público es proteger la vida de los gobernados, ni las autoridades ni los partidos políticos están cumpliendo su mandato contra la barbarie.
* Socio consultor de Consultiva