Empresario prófugo

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal llegará hasta sus últimas consecuencias para castigar al empresario Francisco Javier Quiroz Soto, quien en enero de este año fue detenido al no aprobar la prueba de alcoholímetro y suplantar su castigo a través de uno de sus acompañantes.

El engaño se descubrió horas después, ya que el falso Javier Quiroz se encontraba cumpliendo el tiempo del arresto, por lo que la instrucción del titular de la SSP-DF, Manuel Mondragón, fue llegar hasta “las últimas consecuencias” en la indagatoria y sancionar administrativa y penalmente a los elementos que resulten responsables, así como detener al empresario para ejercitar acción penal en su contra.

Son dos los uniformados señalados como responsables de permitir que Quiroz Soto no llegara al Centro de Ejecución de Sanciones Administrativas conocido como El Torito para que cumpliera 36 horas de arresto.

El director de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la SSP-DF, Othón Sánchez Cruz, informó Quiroz Soto es considerado prófugo de la justicia, además de haber incurrido en esta falta, ofreció una dirección falsa porque no reside en la Ciudad de México, ya que el domicilio que dio pertenece a sus padres.

Mano dura

Las comisiones unidas de Salud, Administración y Procuración de Justicia, y Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia y de Salud, todas del Distrito Federal.

Este dictamen propone reformar diversas disposiciones para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de narcomenudeo, con lo que se cumple con un mandato federal para todos los estados, producto de reformas penales promovidas desde Los Pinos y apoyadas por las entidades.

Sin embargo, el ombudsman del DF, Luis González Placencia considera que con estas reformas va a “prosperar” la mano dura y advierte que podría tener el mismo destino que tuvo la Reforma del Código Penal en el año 2003.

“Seguir llevando gente a la cárcel, y en este caso, probablemente terminemos criminalizando a personas que consumen drogas y que deben ser vistas y tratadas desde una perspectiva diferente a la penal”, dijo el ombudsman.

Aunque reconoce González Placencia, quien ayer acudió a la Asamblea Legislativa, que es necesaria la participación de instituciones para “generar” las garantías necesarias y evitar que se castigue a personas inocentes.