¿Por qué..?
¿Cuántas personas hoy mismo siguen secuestradas? ¿Cuántos habitantes de San Fernando sabían y saben de esa actividad criminal?
Lo último de la macabra realidad que se vive en San Fernando, Tamaulipas, es que la Policía Federal rescató con vida a 68 personas secuestradas, entre ciudadanos mexicanos y centroamericanos.
El patrón sigue siendo el mismo: viajeros secuestrados a bordo de autobuses cuando iban rumbo a la frontera y por quienes, en un primer momento, se pide rescate, en una segunda acción se les obliga a unirse a las bandas criminales, y a los que se asesina una vez que no se obtiene beneficio económico alguno por su privación ilegal de la libertad.
En todos los casos se trata de toda una industria criminal que —como lo adelantamos aquí el domingo 10 de abril— reporta beneficios para todo un pueblo que, literalmente, vive de la industria de la muerte. ¿Por qué señalar que, en el caso de San Fernando, asistimos a la revelación de una verdadera industria de la muerte? Porque ante las evidencias, los datos duros y los hechos en sí mismos, se puede hablar de un genocidio por dinero. Y si tienen dudas, van los datos.
Hasta hoy, en San Fernando se han descubierto los asesinatos masivos de 72 migrantes centroamericanos —en octubre de 2010— y 145 mexicanos en abril de 2011. Se trata del homicidio de 217 personas, en sólo seis meses, en tanto que datos recabados por diversas ONG señalan que, luego de los crímenes de San Fernando, se han detectado más de mil cien denuncias de familiares que reportan desapariciones de parientes en ese mismo lapso. Es decir, que se podría estar hablando del exterminio de miles de personas.
Pero, además, a esa cifra se debe agregar el reciente hallazgo de 68 liberados, lo que eleva la cantidad de víctimas comprobadas de secuestro a 285, de las cuales 217 perdieron la vida. ¿Cuántos cuerpos más están sepultados de manera clandestina en fosas del crimen? ¿Cuántos secuestrados permanecen hoy retenidos y en peligro de ser asesinados? Nadie lo sabe, porque nadie conoce el tamaño de la banda, de cuántos integrantes se compone, si aún sigue operando, si ha matado a otros viajeros que tenía secuestrados.
Lo que se sabe es que hoy están bajo custodia de la PGR un total de 55 sujetos arraigados, presuntos integrantes de la banda criminal que ha sembrado el terror en San Fernando, además de 15 policías del mismo municipio, los cuales se habían convertido en presuntos cómplices de la banda.
Como se puede ver, se trata de una banda criminal numerosa, bien organizada, con dinero suficiente, logística criminal, protección oficial y que, por puro sentido común, mantenía bajo control a todo un pueblo, cuyos habitantes no pudieron ser ajenos a esa industria del crimen. Pero, aun así, y a pesar de que pareciera que la banda empieza a ser desmantelada, las preguntas que no tienen respuesta y que confirmarían que estamos ante un genocidio por dinero son muchas más.
¿Desde cuándo empezaron a secuestrar a personas, sean de San Fernando, sean viajeros, a los que terminaron por matar? ¿Por qué recurrir al crimen y al exterminio? ¿Cuántas fosas clandestinas existen aún en San Fernando y cuántos cuerpos están en ellas? ¿Cuántas personas hoy mismo siguen secuestradas? ¿Cuántos habitantes de San Fernando sabían y saben de esa actividad criminal? ¿Cuántos están dispuestos a revelar lo que saben?
¿Por qué guardaron silencio, y por cuánto tiempo, los sacerdotes o jerarcas católicos de la región que, hoy se sabe, estaban enterados de ese genocidio por dinero? ¿Por qué los empresarios de las líneas de autobuses no denunciaron las desapariciones; por qué se hicieron de la vista gorda? ¿Por qué no se compara la estadística de los reportes de personas bajadas de los autobuses, con la de los denunciados como desaparecidos, para tener una aproximación del número de secuestrados, desaparecidos y/o muertos?
¿Por qué el alcalde de San Fernando nunca dijo nada? ¿Por qué las dirigencias municipales del PAN, del PRD, del PRI y de otros partidos no han dicho nada; por qué han callado lo que sabían? ¿Por qué el Congreso de la Unión, el Senado en especial, no ha promovido la desaparición de poderes en Tamaulipas, ante la ineficacia del estúpido gobernador que ni gobierna ni nada?
¿Por qué el presidente Felipe Calderón no ha tomado la decisión, que sería de elemental responsabilidad, para declarar estado de excepción en San Fernando, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez..? ¿Por qué el valentón Humberto Moreira no ha propuesto echar del cargo al ineficaz gobernador priista de Tamaulipas, para que llegue otro que sí pueda con el paquete? ¿Por qué..?
Twitter:
@RicardoAlemanMx
