Plaguicidas, la otra batalla en el Senado; pugnan por llegar a acuerdos

En medio de presiones desde el gobierno federal y desde grupos de productores y campesinos, el Senado está en medio del proceso legislativo para inhibir el uso de fertilizantes y plaguicidas industriales ante dos rutas que se trazan desde el exterior: prohibir su uso de manera inmediata o permitir su salida paulatina, sin afectar la inversión que los productores, pues ellos dicen que hay riesgo de provocar escasez.

Con la convicción de que el camino a seguir debe ser la mejor salud de los mexicanos, ambas partes en disputa muestran rutas diferentes para que México deje de usar sustancias como el glifosato, que ha sido suspendido en su aplicación mediante un decreto, pero que su uso es legalmente permitido, en la medida que las leyes mexicanas lo permiten.

Los diferendos en el interior del Senado registraron incluso la confrontación pública entre representantes del gobierno federal y senadores, así como un diferendo entre los presidentes de comisiones responsables de este proceso.

El tema de plaguicidas y fertilizantes tienen dos rutas legislativas en el Senado.

Una está encabezada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños, junto con Nancy Sánchez, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, así como Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que tienen a su cargo analizar para aprobación la minuta de la Cámara de Diputados que prohíbe algunos de estas sustancias.

La otra ruta es la que está a cargo de Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud y de Rafael Espino, de Estudios Legislativos Segunda, que procesan una iniciativa de Morena para que la Secretaría de Salud prohiba el uso de plaguicidas y fertilizantes industriales.

Respecto de la minuta, no hay acuerdo para citar a las comisiones, a fin de discutir para aprobarla. El propio Raúl Bolaños anunció que por el momento no se va a aprobar.

Y respecto a la segunda ruta, mientras la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdés, convocó a analizar el dictamen este lunes 31 de octubre, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, decidió no secundar la convocatoria, por lo que sólo sesionará Salud, pero mientras no avale Estudios Legislativos Segunda, el dictamen no puede pasar al pleno del Senado.

La semana pasada, la directora general del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Adelita San Vicente, protagonizó un diferendo con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, porque la funcionaria federal acusó al Senado de invitar a los foros de discusión sobre fertilizantes y plaguicidas a personas que “tienen conflictos de interés”.

“Yo quiero llamar la atención sobre los conflictos de interés (…) no podemos permitir que nos guíe a la gente grandes intereses en este tema y esta mesa, con todo respeto senador Bolaños se habían hecho muchas propuestas, incluso de la gente de los agricultores que están en un serio problema. Esta mesa tiene a representantes de la industria.

“Hicimos un pequeño estudio de los conflictos de interés. Al compañero Coello, que tiene incluso su familia intereses en la industria de los plaguicidas, esto no puede ser, porque atrás de todos hay grandes intereses económicos y hay que tener muy claro qué interés seguimos (…) y los consumidores tenemos la última palabra, incluso en lo que comemos y lo que le aplicamos a nuestra comida”, dijo Adelita San Vicente.

Raúl Bolaños le respondió que “esta casa de las leyes; es la voz de todas las mexicanas y todos los mexicanos y con pluralidad escuchamos a todos. Con respeto a la doctora Adelita y con la estrecha colaboración que hemos tenido con Semarnat, no le acepto que nos diga que en esta mesa hay un conflicto de intereses. No lo hay. En esta mesa hay pluralidad de ideas y le suplico atentamente a todos que nos conduzcamos con el respeto con el que el Senado siempre se ha conducido”.

Añadió que “somos nosotros quienes asumiremos la responsabilidad del producto legislativo que aprobaremos y hoy lo que estamos haciendo es invitar al diálogo y todas las voces son bienvenidas, aceptadas y tomadas en cuenta. Queremos una legislación que nos dé más salud, cuidado al medio ambiente y que tampoco frene la economía”.

Ahí anunció que no hay acuerdo para que las comisiones unidas sesionen para avalar el dictamen de la minuta de Cámara de Diputados y será solamente el Senado el que fije los tiempos para hacerlo.

Los productores han hecho saber al Senado que existe preocupación por la legislación que se desarrolla.

El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, alertó que la prohibición del uso de plaguicidas puede poner en riesgo la producción de alimentos.

PREOCUPACIÓN

Consideró que si bien es importante que “se tomen medidas hacia una agricultura sustentable, no se debe limitar la agricultura comercial, porque es la única que garantiza los alimentos y una prohibición de plaguicidas desplomaría la producción agrícola y pecuaria, con lo cual se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

De acuerdo con esa organización, la Cofepris tiene un registro de 7 mil 853 plaguicidas; de ellos, 4 mil 656 tienen registros vigentes, con lo cual se observa que 59% de los registros están en riesgos de ser prohibidos, “dejando a los productores agrícolas y ganaderos sin las herramientas indispensables para la protección de plagas y enfermedades, incluyendo las urbanas y vectores de enfermedades en el ser humano”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Alfredo Díaz Belmonte, consideró que la regulación de los plaguicidas debe basarse en evidencia científica y no “en función de prejuicios, porque es demasiado lo que está en juego en el país”.

Juan Domingo Santiago, académico, planteó que el uso de plaguicida es fundamental en la producción de alimentos frente a tres retos esenciales: la población humana que crece; población ganadera creciente que demanda alimentos y una frontera agrícola acotada o disminuida por la urbanización, el abandono de cultivos por los cambios en el uso de suelo.

Recordó que no existe un solo país que no use plagicidas y hay evidencia irrefutable en la relación que existe entre el uso de plaguicidas y la producción de alimentos.

Néstor Octavio Guerrero Sánchez, asesor de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, planteó la posición del sector ganadería respecto de la prohibición del glifosato y 140 moléculas más relacionadas con el desarrollo productivo en el sector agropecuario.

En México, explicó, de los plaguicidas con registro sanitario vigente, 140 figuran entre los prohibidos o no autorizados en otros países, por considerarse altamente peligrosos, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo promueven el manejo agroecológico de plagas como una vía y guía para sustituir los plaguicidas altamente peligrosos.

“La salida abrupta de estas moléculas desplomaría la producción de granos y oleaginosas, constituyéndose en una grave amenaza para la producción pecuaria. Podemos adicional que también tenemos un decreto que debe cumplirse en febrero de 2024, donde ya no podremos importar maíz transgénico; hoy en día importamos 17 millones de toneladas de esto, lo que sin duda agravaría aún más la condición de producción de alimentos en el sector pecuario”, explicó.

Detalló que “en el caso de la salud animal, como los bovinos, se tienen seis compuestos químicos para el control de la garrapata, cuatro de ellos se encuentran incluidos en las 140 moléculas altamente peligrosas, de aprobarse el dictamen quedarían solamente dos opciones viables para controlar la garrapata. Este parásito tiene una extraordinaria capacidad de resistencia y no tardaría mucho en generar resistencia a esos dos probables productos que quedaran en el mercado.

“En México las garrapatas y las enfermedades que éstas transmiten producen pérdidas en la ganadería bovina por más de mil millones de pesos anualmente”, informó el especialista.

Pero frente a la preocupación de los productores, existe una tendencia dentro de Morena, tanto a nivel de legisladores federales como de gobierno, que están convencidos que la prohibición de los plaguicidas y fertilizantes agroquímicos será la mejor decisión que se asuma, porque su uso ha comprobado científicamente que está relacionado con diversas enfermedades, como el cáncer.

Desde la óptica de diversos integrantes de Morena en el Senado, como la propia Margarita Valdés y Ana Lilia Rivera, vicepresidenta del Senado, ningún costo de pérdidas al sector primario es tan grave como las pérdidas de vidas humanas; ninguna cifra que puedan hacer pública los productores sobre afectaciones a sus ganancias está por encima del compromiso que tiene Morena por la salud de los mexicanos, amén de que son miles de millones de pesos los que destina el Estado mexicano en la atención de las enfermedades que provoca el consumo de alimentos que tienen estos plaguicidas y fertilizantes altamente peligrosos.

Y respaldadas con las propias posiciones públicas del Presidente de la República, plantean que si la mayoría de estas sustancias altamente peligrosas están prohibidas en otras naciones, “¿por qué se permite su uso en México? ¿acaso la vida de los mexicanos vale menos que la de habitantes de otros países”, como planteó Ana Lilia Rivera.