Libertad de expresión, confianza y democracia

La semana pasada me correspondió representar a nuestro presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, en el Foro sobre Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias realizado en la Cámara de Diputados. La discusión tuvo como punto de partida los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, pero plantea una cuestión mucho más profunda sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

Una sociedad democrática, plural y abierta necesita preservar un amplio sistema de libertades. Nuestra institución ha defendido históricamente la libertad en sus distintas manifestaciones, desde emprender y asociarse hasta expresar ideas, disentir y difundirlas a través de medios independientes. Son libertades que se complementan y que parten de reconocer a la persona como responsable de sus propias decisiones.

En ese marco, una sociedad libre requiere ciudadanos informados, medios independientes e instituciones respetuosas de las libertades fundamentales. Las audiencias deben ser reconocidas como personas capaces de contrastar información y formar su propio criterio, y su protección debe fortalecer esa capacidad de elegir y decidir.

Existen, desde luego, derechos concretos que deben salvaguardarse. Una persona afectada directamente por información inexacta o falsa debe contar con un derecho efectivo de réplica. La publicidad debe distinguirse del contenido periodístico y deben existir mecanismos eficaces para presentar inconformidades.

En estos ámbitos la autoridad tiene un papel específico y acotado. Debe establecer procedimientos claros para el ejercicio de esos derechos, sin que ello implique atribuirle facultades sobre los contenidos editoriales.

Aunque los Lineamientos reconocen explícitamente que no podrán restringir la libertad de expresión, programática y editorial, incorporan la veracidad como parámetro regulatorio, establecen obligaciones frente a la información considerada falsa o descontextualizada y prescriben mecanismos para distinguir información de opinión. Esto resulta aún más delicado porque su aplicación supone que una autoridad interprete dichos conceptos, con el riesgo de que termine juzgando a su modo la información difundida por los medios.

La libertad de expresión debe ser el punto de partida. Cualquier intervención del poder público sobre contenidos requiere límites especialmente claros y una justificación vinculada con la protección de derechos específicos. De otra forma puede abrirse un espacio en el que una autoridad termine sustituyendo con su criterio el juicio editorial del medio y, finalmente, el juicio de la propia audiencia.

Que una afirmación sea incorrecta no significa automáticamente que corresponda a una autoridad administrativa sancionar su difusión. Hay situaciones concretas en las que pueden afectarse derechos de terceros y existen vías jurídicas para atenderlas, que, sin duda, deben fortalecerse.

El periodismo se desarrolla además dentro de una realidad cambiante. Las noticias se publican mientras los acontecimientos continúan, aparecen nuevas evidencias, las fuentes pueden contradecirse y una primera versión puede modificarse pocas horas después. En muchos asuntos existen también interpretaciones distintas sobre los mismos hechos.

Más información permite contrastar versiones. El derecho de réplica abre espacio a la versión de quien se considera afectado. Otros medios pueden aportar nuevos elementos, los periodistas pueden corregir errores y los ciudadanos decidir a qué fuentes conceden credibilidad.

Esto no reduce la responsabilidad de los medios. La aumenta. La libertad exige rigor profesional, verificación, disposición para rectificar y principios éticos. Cuando un medio difunde información equivocada también arriesga su reputación y la confianza de su audiencia.

Esa responsabilidad debe ejercerse desde la propia libertad editorial. Los códigos de ética, las defensorías y los mecanismos de atención a las audiencias pueden contribuir a construir confianza siempre que conserven su independencia y no se conviertan en vías indirectas para la intervención de la autoridad en las decisiones editoriales.

El riesgo de autocensura aparece cuando un periodista, conductor o editor sabe que posteriormente una autoridad podrá valorar si una información fue suficientemente veraz, si estuvo correctamente contextualizada o si distinguió de manera adecuada entre información y opinión. Puede entonces comenzar a modificar sus decisiones antes de publicar y evitar temas controvertidos, investigaciones sensibles o posiciones críticas. La sociedad debe ser el referente del periodismo.

También debe evitarse el señalamiento o la estigmatización de periodistas, medios o ciudadanos por expresar posiciones críticas. Una democracia necesita espacios amplios para disentir y confrontar ideas.

Esta preocupación forma parte de una larga tradición en Coparmex, que durante décadas ha defendido el derecho de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad a participar, opinar y disentir en los asuntos públicos.

Medios independientes, ciudadanos capaces de formar su propio criterio e instituciones respetuosas de sus límites fortalecen la confianza y generan mejores condiciones para la inversión y la competitividad del país.

El reto es proteger derechos sin trasladar al Estado la facultad de decidir qué debe creer la sociedad. En una democracia abierta, la pluralidad de voces, el derecho de réplica y la responsabilidad de los medios ofrecen a los ciudadanos mejores herramientas para formarse su propio juicio.