Abogados de Padrés defienden a exfuncionarios en caso de tortura

Se trata del caso de Gisela Peraza, quien de manera injustificada fue acusada de robo en Casa de Gobierno; acusan que los implicados son protegidos por el exgobernador

thumb
Foto: Daniel Sánchez.
Ver galería
thumb
Foto: Daniel Sánchez.
Ver galería
thumb
Foto: Daniel Sánchez.
Ver galería

HERMOSILLO, Sonora.

El despacho jurídico del exprocurador de la República, Antonio Lozano Gracia, también defenderá a los exfuncionarios de la administración de Guillermo Padrés acusados de torturar a Gisela Peraza Villa, la exempleada doméstica acusada injustamente de un robo millonario ocurrido en la Casa de Gobierno en Sonora durante el pasado sexenio.

Gisela fue acusada de robar 7 millones de pesos y joyas preciosas que el exmandatario guardaba en su alcoba; el Juez la exoneró. 

Así lo dio a conocer el abogado de la víctima, Jesús Antonio Ortega, quien recalcó que es imposible que un exagente de la Policía Estatal Investigadora pueda pagar con su salario, los honorarios del bufete jurídico Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C.

Al mediodía de este jueves estaba programada una audiencia incidental, como parte del proceso judicial en contra de dos exagentes de la Policía Estatal Investigadora identificadas como Alma Rosa 'N' y María Teresa 'N', quienes están recluidas en el Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno, donde son procedas porque supuestamente por tortura a Gisela Peraza Villa para hacerla confesar un crimen que nunca reconoció y del cual fue exonerada por un Juez.

Ambas mujeres nombraron como sus defensores a 12 abogados y cuatro asesores que pertenecen al despacho de Antonio Lozano.

Los delincuentes se apoyan y es evidente que los mismos abogados que defienden al exmandatario panista de las acusaciones por corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal, ahora están defendiendo a todos los exfuncionarios de su sexenio implicados en la tortura y privación ilegal de la libertad en contra de Gisela Peraza”, declaró Antonio Ortega, defensor de la demandante.

Ahora, Guillermo Padrés los está protegiendo para que no declaren en su contra, un agente de la policía no puede pagar con un salario de 15 mil pesos mensuales los honorarios de Lozano Gracia, incluyendo los viáticos para que viajen a Sonora a defenderlos", añadió.

El pasado 14 de febrero, fueron arrestadas las dos exagentes de la Policía Estatal acusadas de torturar a Gisela Peraza por órdenes de Guillermo Padrés; como parte de los avances en el proceso penal que involucra a más de 20 exfuncionarios del Gobierno de Sonora en los delitos de abuso de autoridad, delincuencia organizada, tráfico de influencias, privación ilegal de la libertad y tortura.

Antonio Ortega, representante legal de Gisela Peraza, quien fue declarada por un Juez como inocente del robo, recordó que entre los exfuncionarios implicados en este caso destacan el Diputado Federal panista Agustín Rodríguez Torres, quien ya fue consignado y enfrenta un juicio para su desafuero; al exdirector de Ceresos en Sonora, Ricardo Órnelas Saavedra; Ernesto Fernández Portillo, exjefe de seguridad de la Casa de Gobierno y exdirector de Seguridad Pública Municipal en Nogales; y Víctor Bonilla Murrieta, exsubsecretario de Seguridad Pública en Sonora.

Fue el 13 de marzo del 2011, cuando la exempleada doméstica Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado 7 millones de pesos y joyas preciosas que el exmandatario guardaba en su alcoba. 

Según estableció la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.

En caso de ser encontrados culpables, el exmandatario panista y sus cómplices podrían pasar más de 20 años en prisión debido a que los delitos por los que son acusados se consideran graves y no alcanzarían fianza, además que fueron cometidos cuando ostentaban un cargo público, lo que se considera un agravante.

mym