Tribunal suple al Legislativo

CARACAS.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio un nuevo paso al emitir una sentencia con la que asume las funciones legislativas a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición.

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la AN, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, indicó el fallo del TSJ.

La directiva de la Asamblea calificó de “golpe de Estado” la decisión del TSJ y dijo que otorgaba al presidente Nicolás Maduro “todos los poderes”.

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró que se trataba de un “autogolpe de Estado” en Venezuela.

El tribunal declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por ello ha anulado todas las decisiones parlamentarias.

La sentencia significa que el gobierno seguirá desconociendo las atribuciones de la AN y los diputados impulsando debates y leyes que no tendrán efecto práctico. El Presidente seguirá aprobando decretos con el aval de los magistrados, pero con legalidad cuestionada.

Es el caso de posibles créditos externos que tramita el gobierno, los cuales deben ser aprobados por los diputados.

El opositor Henry Ramos Allup, dijo que los parlamentarios “debemos seguir cumpliendo nuestros deberes (...), porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos”.

El partido Voluntad Popular, que dirige el opositor preso Leopoldo López, pidió al pueblo retomar las movilizaciones de calle como única forma de imponer la voluntad popular ante el “golpe de Estado”.

Pero el legislador chavista Diosdado Cabello celebró el fallo, y pidió a sus seguidores prepararse para “defender” en las calles a Venezuela ante una eventual intervención militar extranjera.

La decisión judicial se produce un día después de que el TSJ dejara sin inmunidad a los asambleístas, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos, incluso por delitos militares.

Ello mientras el Consejo Permanente de la OEA debatía la grave crisis política y económica del país petrolero.

En enero de 2016, tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el TSJ ha emitido casi medio centenar de sentencias contra leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo.

Varios gobiernos critican a Maduro

Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la la Organización de los Estados Americanos (OEA), y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México y Panamá) denunciaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN).

Perú anunció ayer el retiro definitivo de su embajador en Venezuela e indicó que ya inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri (quien se reunió Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López), llamó a “recomponer el orden democrático”.

Tintori denunció que “hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos” y pidió que se active la Carta Democrática de la OEA.

“Esta ruptura de las normas democráticas y constitucioneales daña de forma considerable las instituciones democráticas en Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho a determinar el futuro de su país a través de sus representantes electos”, señaló Mark Toner,

portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Lo consideramos un grave revés para la democracia”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló que el fallo violó la separación de poderes y alimenta la radicalización política en el país petrolero.

-AFP y EFE