Junio, el parteaguas del sistema político
Seguramente, el nombramiento en la Organización de los Estados Americanos (OEA) del exconsejero Francisco Javier Guerrero Aguirre, como secretario de Asuntos Políticos,vendrá a abonar en beneficio de lograr un mayor análisis de la función de los partidos políticos y su necesaria y urgente transformación y modernización. Este organismo internacional, desde el 2002, impulsó el Foro Interamericano sobre Partidos Políticos.
Este foro, en conjunto con la Fundación Friedrich Naumann, publicó un libro de análisis sobre los partidos políticos y la necesidad de su transformación, a partir del descrédito de lo político. Uno de los ejes centrales del texto, escrito por Peter Schröder, es lograr que los partidos políticos sigan siendo instrumentos de acción social para mantener la gobernabilidad de los países democráticos. El autor señala que: “La democracia implica competencia por el poder, pero esa competencia no puede ser fruto de la vanidad de las élites, sino resultado de visiones alternativas para el futuro”.
Estamos a unas cuantas horas de que se lleve a cabo un proceso electoral con características singulares. Por ejemplo, la participación de mujeres en las candidaturas a la gubernatura de Sonora, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán, ha marcado una diferencia con otros procesos en donde la presencia femenina no era tan altamente competitiva ante los candidatos varones. Por otra parte, la figura de las candidaturas independientes ha a causado expectación en cuanto al impacto del modelo de sistema de partidos en el futuro.
Otro elemento, que ya ha sido señalado por diversos analistas, es el problema de la transgresión a las nuevas normas electorales por parte de todos los partidos. Una cosa es de señalarse: tiene que haber modificación a la Ley General de Partidos Políticos para enmendar las deficiencias. Pero quizá lo más preocupante sean dos elementos: Uno, tiene que ver con el aumento de la violencia del crimen organizado, que, en algunos casos, quiere influir directamente en la elección para mantener intocadas sus zonas de control. De ahí que las instituciones deban recuperar los espacios que le pertenecen a la ciudadanía. En segundo lugar, está la actuación de ciertas organizaciones sociales que, al violentar los actos institucionales, pretenden obtener beneficios especiales por medio del chantaje como estrategia para generar ingobernabilidad.
Desde el inicio del sexenio, en 2012, un conjunto de organizaciones intentó desacreditar cualquier acción del gobierno de la República y del Congreso de la Unión, promoviendo que existía una ruptura social irreconciliable en el país. Hacer ver que todo estaba mal fue su respuesta frente a los acuerdos que las fuerzas políticas mayoritarias lograban y que se tradujo en el Pacto por México. Ahora, previo al proceso electoral, han decidido intensificar acciones como bloquear calles y accesos, tomar gasolinerías y casetas, destruir oficinas y espacios identificados con las instituciones garantes de la elección. Se trata de generar un clima de caos y de temor, pero, sobre todo, de causar descontento entre los ciudadanos y hacerlos voltear contra la autoridad para reclamar. Y qué mejor escenario que un proceso electoral sui generis como el actual.
Resultados de varios sondeos del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, señalan que 74% de los ciudadanos no se siente representado por los partidos políticos; 73% advierte lo mismo de los diputados locales y 70% de los diputados federales. Dichos sondeos resaltan el sentir de la gente y definen la falta de responsabilidad de la mayoría de los partidos políticos y representantes populares. Además, el sondeo también resalta lo que un grupo de políticos profesionales promueve: hay que desconfiar de todo. Sin embargo, frente a esos resultados, el mismo sondeo destaca que 59% señaló que es mejor votar para influir en el cambio, y solamente un 18% afirmó que no influye en los cambios.
La composición de la Cámara de Diputados es esencial para los partidos políticos que, en estos últimos tres años, conformaron las reformas estructurales, dado que todavía están pendientes algunas leyes reglamentarias que, por ejemplo, consolidarían los sistemas nacionales Anticorrupción y de Transparencia y Rendición de Cuentas que, precisamente, responden a la preocupación y desconfianza ciudadana.
Ya en el saldo de ganadores y derrotados electoralmente, los partidos políticos tendrán que hacer su ajuste de cuentas para reducir el rechazo que los ciudadanos tienen sobre ellos, pero, sobre todo, para promover institutos políticos que cumplan —de verdad— tendiendo un puente entre la sociedad civil y la sociedad política.
