Crisis sistemática de la educación

En medicina, cuando un paciente presenta complicaciones diversas, originadas por el carácter mórbido de varios órganos a la vez, se dice que padece una enfermedad multisistémica.

La reforma educativa recién promulgada, ha desatado reacciones de inconformidad dentro de un sector del magisterio, que incluso ha comenzado a generar violencia e inconformidad ciudadana por las estrategias de presión utilizadas.

La oposición inusitada en contra de la evaluación de los mentores, los miles de rechazados de las escuelas superiores, el desempleo de egresados, y el resultado de todas las estadísticas, permiten constatar que la educación en México —en general— está en crisis. Las causas que la motivan son diversas:

Es producto del poco interés que las clases dominantes y acomodadas han brindado a la educación pública, debido a que prefieren y pueden optar por escuelas privadas para enviar a sus hijos.

Es resultado de la irresponsabilidad de las autoridades de educación pública de los últimos sexenios, que han permitido que la educación privada se convirtiera en un jugoso negocio, han descuidado la calidad de los prestadores del servicio y han consentido la proliferación de colegios que brindan una instrucción muy deficiente.

Es consecuencia del crecimiento incontrolado de un sindicato, que obtuvo tanta fuerza, que ha dedicado sus esfuerzos en acumular poder económico, político y electoral, en lugar de velar por mejorar sus objetivos magisteriales.

Es el efecto de una política financiera descuidada del gobierno federal, quien con indolencia fue viendo la descomposición del ramo educativo, sin tomar medidas para evitarlo.

También es secuela de gobiernos estatales ambiciosos, que avistaron en la descentralización educativa una bolsa inmensa de poder y riqueza, que utilizaron en muchas ocasiones para objetivos diferentes.

Es derivación de la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno, que desatendieron el mandato de la Constitución.

El Presidente ha enviado una iniciativa de reforma a las leyes de Coordinación Fiscal y a la General de Contabilidad Gubernamental, en materia de financiamiento educativo. 

Con ello, se pretende revertir el marco de los acuerdos de descentralización de los recursos educativos formalizados con los estados en 1992, y que la Secretaría de Educación Pública retome la administración de las nóminas, para el pago de los maestros y administrativos de todo el país.

Aunque el texto de la iniciativa dice que los recursos correspondientes a la nómina “serán pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas, en su calidad de patrones”, la verdad sea dicha, es que de acuerdo con el derecho laboral, la Federación estaría reasumiendo un carácter de patrón sustituto.

En un plazo no mayor a un año, la SEP deberá conciliar con las autoridades educativas de los estados, los registros de las plazas que les fueron transferidas, así como las plazas correspondientes a años posteriores que sean reconocidas.

Si de verdad se desea comenzar a mejorar la educación y no sólo optimizar recursos mal empleados, se tendrán que homologar todas las remuneraciones; determinar un solo tabulador, sin diferencias por zona económica ni por zona fronteriza; aprobar nuevas condiciones generales de trabajo; abolir las diferencias salariales entre maestros federalizados y estatales; así como transparentar el número de plazas y sus percepciones.

Es tal el desorden financiero y político, que parece que los gobernadores prefieren regresar a la Federación todo el modelo educativo, aunque pierdan el manejo del concepto financiero más importante que actualmente administran.

El costo hacendario de esta medida será altísimo, pero no se ve otro camino para lograr lo que el sabio Confucio proclamaba: “Donde hay educación, no hay distinción de clases”.

                Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

                contrerasdf@gmail.com