Arrebatarles el INE

“El sistema por el que se designa a los miembros del Consejo General está roto, ya no funciona”, me dijo el viernes pasado en la radio Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE.

La razón es que los partidos han secuestrado para sus fines a una institución que construyeron los ciudadanos para que fuera baluarte de la democracia.

Eso comenzó en 2003, cuando Pablo Gómez —el entonces representante del PRD ante el IFE, quien, por cierto, lo sigue siendo— se obstinó en que el sustituto de José Woldenberg en la titularidad del Consejo General fuera Jesús Cantú.

Eso dio lugar a que se reventara la conformación ciudadana del Consejo y que el proceso de designación de los consejeros se convirtiera en un sistema metalegal basado en cuotas partidistas.

¿Qué han hecho los partidos desde entonces? Someter al instituto a sus caprichos. Por ejemplo, descabezarlo, porque a algunos no les gustó la actuación de su presidente en 2006. O dejarlo hasta sin cinco de sus entonces nueve consejeros, como sucedió en 2013, porque no se ponían de acuerdo en cuántas posiciones tocaba a cada partido.

De esa manera hemos llegado a una ficción. Teóricamente, el actual INE es independiente de los partidos, pero en los hechos no lo es.

Apenas muestra la mayoría de los consejeros una posición que no gusta a varios de ellos, y por esa razón se levantan de la mesa del Consejo General, en la que tienen voto, pero no voz.

Hay quienes dicen —medio en broma, medio en serio— que sería mejor que los partidos tuviesen voto y no voz en el consejo.

Una opción mejor que la actual —que, insisto, es una ficción—sería que los partidos tuvieran un número de votos en el consejo equivalente a su votación nacional.

O podríamos adoptar el sistema estadunidense, en el que los dos partidos hegemónicos, el Demócrata y el Republicano, tienen cada uno tres miembros en la Comisión Federal de Elecciones, pues aunque son propuestos por el Presidente y confirmados por el Senado, el número máximo de asientos que un mismo partido puede tener en el órgano es de tres.

Eso obliga a demócratas y republicanos a tomar decisiones por consenso. La ventaja para ese sistema es que solamente hay dos grandes partidos.

También he escuchado que los consejeros del INE pudieran ser insaculados de una lista de personas propuestas por los partidos representados en la Cámara de Diputados que no tuvieran el veto del resto de los partidos.

Pudiera ser, pero yo creo que existe una solución mejor, aunque pasa por recobrar para los ciudadanos el control del instituto. Es decir, arrebatárselo a los partidos políticos que se lo han apropiado.

La solución sería replicar el funcionamiento y el sistema de elección de miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, que han operado, sin mayores contratiempos desde su creación en 1945.

La Junta de Gobierno de la UNAM tiene 15 integrantes. Cada año uno de ellos es sustituido por un distinguido miembro de la comunidad académica, elegido por el Consejo Universitario y, en ocasiones específicas, por la propia junta.

¿Por qué digo que la Junta de Gobierno ha funcionado? Primero, porque, a diferencia del IFE —hoy INE—, su composición nunca ha sido alterada por manos externas. Segundo, porque ha dado prueba de su autonomía e independencia, mismas que ha sostenido no sólo frente a los distintos rectores sino ante los propios presidentes de la República.

La historia de la UNAM ha mostrado que muchos rectores han visto frustrados sus deseos de promover a un amigo como director de Facultad. Y al menos una vez resistió el intento del Presidente de deponer al rector. Eso es mucho más de lo que ha logrado el INE.

Para que los partidos saquen las manos del instituto hace falta mucho más que un exhorto del presidente consejero, como el que hizo Lorenzo Córdova el sábado pasado.

Se requeriría de una presión ciudadana similar a la que obligó a los partidos a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados.

Una opción sería eliminar por ley la designación parlamentaria de los consejeros para que fueran ellos mismos quienes votaran por los reemplazos de quienes concluyen su gestión.

Mientras la designación de los consejeros del INE siga siendo una función discrecional de la partidocracia, la tentación de manosear al instituto no parará. Tampoco la propensión de algunos consejeros de dejarse utilizar porque los partidos no dudan en dejarles claro que les deben el cargo.

Apuntes al margen

Al margen de entender por qué se removió a Jesús Murillo Karam de la PGR si hizo tan buen trabajo durante su paso por la dependencia —a juicio de muchos, incluyendo el de su jefe, el Presidente de la República—, el cargo de procurador no ha sido uno que, por lo general, dure todo el sexenio. En 14 periodos presidenciales desde 1938, sólo cuatro funcionarios la han encabezado durante seis años.

Un total de 27 personas han ocupado el cargo de procurador General de la República desde el 1 de diciembre de 1934 (dos de ellas lo han hecho en diferentes sexenios). El promedio de duración de cada uno en el cargo ha sido de mil 85 días. Murillo Karam duró 818, mismo plazo que tardó Enrique Peña Nieto en hacer el primer cambio en su gabinete, sólo superado en ese rubro por dos presidentes sexenales: Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines.