Horror aquí, justicia allá

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Pascal Beltrán del Río 13/02/2014 01:04
Horror aquí, justicia allá

La nota primero provoca espanto: en México tuvimos un personaje de la estirpe de Vasili Blokhin, Ta Mok y Michael Karkoc —los ejecutores al servicio de Stalin, Pol Pot y Hitler, respectivamente—, quienes mataron personalmente a miles de individuos en verdaderos actos de genocidio.

El martes por la noche, el buen olfato periodístico de mi compañero José Carreño Figueras nos condujo al testimonio de Jesús Ernesto Chávez Castillo —sicario de la banda de Los Aztecas, al servicio del cártel de Juárez—, quien confesó ante un juez de El Paso, Texas, haber matado a 800 personas y, a partir de ahí, haber perdido la cuenta de sus víctimas.

“Sicario confiesa 800 asesinatos”, cabeceó ayer, en portada, El Periódico de la Vida Nacional.

Apodado El Camello, Chávez Castillo es uno de los seis pistoleros que participaron en el homicidio de tres personas ligadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, por órdenes de Arturo Gallegos Castrellón, alias El Benny.

Este personaje es el principal acusado por la fiscalía del Distrito Oeste de Texas por el asesinato de Arthur Redelfs y su esposa Lesley Enríquez y José Alberto Salcido Ceniceros, el 13 de marzo de 2010.

Tanto El Camello como otro sicario de Los Aztecas, Miguel Ángel Nevarez, alias El Lentes, han testificado contra su exjefe en el juicio, que comenzó a principio de este mes. De acuerdo con el diario El Paso Times, los dos sicarios aceptaron colaborar con la fiscalía en espera de una reducción de sus respectivas sentencias.

Cuando uno se repone del horror provocado por las confesiones de estos individuos —quienes presuntamente estuvieron ligados con la matanza de Villas de Salvárcar, donde 16 jóvenes fueron asesinados el 31 de enero de 2010, y el atentado con un coche bomba, que provocó la muerte de un policía federal y un médico, el 15 de julio siguiente— inevitablemente surge una pregunta:

¿Por qué están estos sujetos en un juicio en Estados Unidos y no en una cárcel mexicana, pagando por delitos que han confesado?

El abogado de Gallegos, Randolph Ortega, ha alegado que su cliente fue torturado en Ciudad Juárez y en el Distrito Federal por policías mexicanos antes de ser entregado a agentes del FBI. Puede ser una estrategia de la defensa y tendrían que probarse esas acusaciones, pues incluso se habla de la violación a la esposa de Gallegos en su presencia.

En todo caso, hay que preguntarse por qué Gallegos, Chávez y Nevarez están enfrentando a la justicia en un país distinto a México.

Hay que reconocer que es largo el brazo de la ley estadunidense. Cuando se comete un delito contra un ciudadano suyo en el extranjero, Estados Unidos no descansa hasta ver detenido al responsable. Y eso, me parece a mí, es muy loable.

También hay que reconocer que el Estado de derecho sí funciona, o funciona mucho mejor al norte del Río Bravo. En 2010, año de los hechos del consulado estadunidense, Villas de Salvárcar y el coche bomba en Ciudad Juárez, hubo la friolera de tres mil 116 asesinatos en esa urbe fronteriza, mientras que en la vecina ciudad de El Paso hubo… cinco.

Por supuesto que horroriza pensar que El Camello pudo matar, él solo, a la décima parte de las personas que fueron asesinadas en Ciudad Juárez entre 2007 y 2010 —año en que fue capturado—, y es cierto que de no estar detenido en Estados Unidos quizá ya se habría fugado de alguna cárcel mexicana, o habría sido liberado por la mala integración de su expediente o la corrupción de algún juez.

Sin embargo, me pongo en los zapatos de, por ejemplo, la familia del médico José Guillermo Ortiz Collazo, quien murió tras acudir a atender al supuesto policía asesinado que sirvió de señuelo para atraer a las víctimas al lugar del coche bomba, o de Luz María Dávila, cuyos dos hijos fueron asesinados en Villas de Salvárcar. ¿No hay justicia para ellos en México?

Entiendo que la extradición sirve su propósito. Es una buena forma de cooperar en la lucha contra un delito transnacional como es el narcotráfico. Pero no podemos, como país, esperar que otra nación provea la justicia que no existe aquí.

La única manera de acabar con el empleo de sicarios como El Camello, o como quienes presuntamente secuestraron y mataron al periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, es terminar con la impunidad. Y la única forma de lograr eso es hacer valer el Estado de derecho.

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