Michoacán y sus 10 mil muertos

No es fácil encontrar el origen de la violencia criminal en Michoacán. Incluso en la historia reciente, uno puede remontarse a los años 80, y todavía más atrás, y encontrar la actividad de gavillas en la sierra y la Tierra Caliente.

En 1990 visité por razones periodísticas el municipio de Aguililla. En aquel tiempo la carretera desde Apatzingán llegaba hasta El Aguaje. Desde ahí había que seguir por terracería.

Cuando se llegaba a la cabecera municipal, llamaban la atención las residencias de estilo californiano, las antenas parabólicas e incluso un buen hotel. En el panteón del lugar había una elegante tumba donde reposaban los restos de un narco.

La actividad del narco estaba registrada en el muro de los ex votos del santuario de la Virgen de Acahuato, donde los malandros acudían a dar gracias por los favores recibidos. Pero aquella actividad delincuencial consistía en las siembras de mariguana y algo de amapola, destinadas a la exportación.

En Aguililla muchos se apellidaban Valencia, y desde entonces el apellido producía una mezcla de temor y respeto, desde Uruapan hasta Colima. Los Valencia pasaron de cosechar aguacate a cultivar mota, pero se conformaron con producir la droga y vendérsela a otros grupos delictivos... hasta que se vincularon con el cártel de los Arellano Félix.

Con base en sus nuevas relaciones, el también llamado cártel del Milenio se expandió hacia el tráfico de cocaína y la producción de cristal. Para fortalecer su negocio corrompieron a autoridades locales y federales.

Fue 1998 el año de mayor violencia en Michoacán, con más de mil muertos. Grupos de otras regiones del país resintieron la expansión de los Valencia. Quedó al descubierto su red de protección en la Procuraduría local y la PGR.

En febrero de 2002, Michoacán acababa de inaugurar la alternancia política. Tres días después de la toma de posesión del perredista Lázaro Cárdenas Batel, una ejecución múltiple estremeció al estado: uno de los asesinados era Jorge Luis Valencia González, sobrino de Armando Valencia, fundador del cártel. La matanza fue atribuida al cártel del Golfo. En específico a Carlos Alberto Rosales, un ex socio de los Valencia que ya trabajaba para Osiel Cárdenas.

Al año siguiente cayeron Armando Valencia y siete de sus lugartenientes. Luis y Ventura, los primos del fundador, intentaron tomar las riendas del cártel. En  2007, Ventura es asesinado por el cártel del Golfo. A sus pies dejan, como mensaje, un perro muerto.

A partir de ahí, Michoacán descendió en la espiral de la violencia. La plaza ha sido disputada por diversos grupos delictivos: los Zetas, los cárteles del Golfo y el Pacífico... Se formó la Familia Michoacana, para hacer frente a los Zetas, luego reconstituida como los Caballeros Templarios, hoy enfrentados con el cártel de Jalisco Nueva Generación.

En los últimos años, Michoacán ha vivido escenas dantescas de decapitación, granadazos contra la población civil durante un Grito, la ejecución o intento de ejecución de autoridades, la generalización del llamado derecho de piso... Muestras públicas y palmarias de que la autoridad formal no manda en el estado.

El gobierno de Felipe Calderón intentó retomar el control del estado mediante un operativo militar, luego de que el gobernador Lázaro Cárdenas le lanzara un ruego de auxilio. Para algunos, la intervención exacerbó la violencia. En todo caso, no logró contenerla. Cada año, desde 2007, han sido asesinadas en el estado no menos de 500 personas. Si sumamos los muertos desde 1998, llegan a 10 mil.

Desde principios de 2013, la entidad tiene nuevos focos de inestabilidad: grupos armados conformados para sustituir a los cuerpos de seguridad pública municipales, organizados supuestamente para hacer frente a los delincuentes. En medio de esa zona gris, una ciudadanía indefensa, temerosa y confundida. Es una situación apenas mitigada por el ocasional fortalecimiento de los contingentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.

Michoacán es la fractura total de la gobernabilidad, la negación del Estado de derecho. Ahí, ninguna autoridad –municipal, estatal, federal– logra aplicar la ley. Es el síndrome de la impotencia política más aguda.

Es difícil decir si la debilidad de los últimos mandatarios estatales es causante o producto de la situación. Para colmo, el último gobernador electo se aleja de la entidad, por enfermedad, y vuelve al poder sólo para ser recibido con un apagón en una veintena de municipios, ocasionado por acciones de sabotaje. Un gobernador demacrado para un estado moribundo.

¿Qué hacer con Michoacán? ¿Desaparecer los poderes? Esto es algo que no ocurre a nivel estatal desde hace 38 años. El Senado tiene capacidad de hacerlo, de acuerdo con el artículo 76 constitucional, pero los partidos parecen no querer aplicar una medida que después pudiera revertirse contra ellos.

¿Suspender algunas garantías individuales, para cuando menos establecer un toque de queda en la entidad? Esto no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. Se contempló en 1985, con motivo de los temblores de aquel año, y cuando el alzamiento zapatista de 1994, pero en ambas ocasiones la medida terminó por ser considerada como innecesaria.

Son medicinas que no se han probado desde la etapa autoritaria del país. No hay garantía de que funcionen, pero tampoco han servido los discursos triunfalistas ni los desplantes de poder.

Así que ¿probamos la medicina o dejamos que Michoacán se pudra y vaya a elecciones en 2015 en medio de la descomposición?