A pesar de la transparencia

Cuando los acuerdos políticos, casi siempre hechos a “espaldas” de los ciudadanos, se toman sin pensar en el beneficio de las mayorías, sus resultados siempre son nefastos para la comunidad y muy ventajosos para quienes los diseñan y negocian. Es una manera de traicionar a la ley, pero, sobre todo, de generar un clima de desgobierno que hoy salta a la vista de todos frente a los últimos acontecimientos generados a raíz de la crisis institucional en que se encuentra la procuración de justicia en el ámbito tanto local como federal.

Son ya varios sectores de la sociedad que desde hace algunos meses han estado “levantando la voz” para advertir del mal ambiente de presión política que se ha desatado debido a los señalamientos que diversas organizaciones han hecho sobre los casos de corrupción que se han denunciado desde hace tiempo. E incluso, comienzan a surgir llamados a la desobediencia civil si la autoridad se sale del marco legal.

El tema no es nuevo. Desde hace varias décadas, las instituciones han sido utilizadas para la venganza política cuando no conviene que se toquen tales o cuales temas que resultan incómodos para algún sector de la política. Y los llamados a la desobediencia civil surgieron cuando el PAN de los años 60 y 70 luchó por abrir los espacios a la oposición, espacios que hoy son una realidad, pero que continúan siendo incómodos para algunos.

La corrupción, que siempre ha existido, ha escalado a niveles nunca vistos, no porque esté en el “ADN” de los mexicanos o porque sea parte de nuestra naturaleza; la multiplicación del cochupo o de la transa no es un tema genético, es un grave asunto de descomposición institucional. Y no se trata de que todo sea visto con ojos de “auditor”, pero, lamentablemente, los casos escandalosos de los últimos tiempos nos remiten a épocas que pensábamos ya superadas, cuando la participación de grupos de la sociedad civil en tareas de vigilancia del comportamiento público y de denuncia no existía porque se castigaba con cárcel.

Hoy, que las leyes privilegian la transparencia y el acceso a la información que manejan quienes toman las decisiones más importantes del país, los ciudadanos podemos enterarnos, casi en tiempo de real, de las irregularidades que se cometen, ya sea con el dinero público o con los cargos que ostentan quienes se dedican al servicio público. Pero, y ahí está lo lamentable, esa transparencia no ha evitado que continúe la malversación de fondos públicos o el aprovechamiento ilegal del poder con que cuentan los gobernantes. Casos sobran: Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo y Chihuahua, por citar algunos.

Mucho de la violencia que hoy se “respira” en varios estados del país va de la mano del deterioro institucional que ha sufrido la sociedad; el daño causado por quienes han traicionado a la ley y a los ciudadanos repercute de manera proporcional en la descomposición que hoy se vive en varias regiones del país sumidas en la ilegalidad que representan, por ejemplo, las mafias del narcotráfico o del crimen organizado. Es el mismo fenómeno que ocurre con el surgimiento de empresas fantasma creadas para lavar dinero proveniente del erario, como ha quedado demostrado con los más recientes casos de corrupción tanto a nivel estatal como federal.

Mientras no enderecemos el rumbo que ha tomado el “servicio público” y se dignifique a las instituciones por quienes ejercen una responsabilidad frente a la sociedad, difícilmente volveremos a ver un país más próspero y menos violento como el que todos deseamos.