Indignación general

La situación crítica por la que pasa el estado de Veracruz, que se agrava cada día, desgraciadamente se va a repetir en otros estados, quizá no con igual magnitud, pero sí con las mismas formas de actuar de sus gobernadores. En la actualidad hay por lo menos dos prófugos y, si las cosas siguen como hasta ahora, sin duda habrá más en el mismo camino. Total, hasta el momento no les ha pasado nada.

Hay que ir por partes para conocer y entender que, además de los directamente responsables, hay quienes de manera indirecta también permitieron el desastre que estamos viendo, sobre todo en el caso veracruzano.

El secretario de Hacienda y Crédito Público tiene toda la razón cuando dice que la Federación no puede llevar a cabo un rescate de los estados con problemas financieros y tan sólo puede ayudar a buscar soluciones de corto plazo. Asimismo, mencionó un tema relacionado, que pasó más o menos inadvertido en los medios, al referirse a las participaciones a los municipios ante la falta de entrega de los recursos a ellos por parte del gobierno del estado de Veracruz.

El secretario expresó, según recoge nuestro diario Excélsior, que “para que no volviera a pasar la entrega de recursos tendría que haber un acuerdo excepcional donde el propio gobierno del estado y con opinión favorable del Comité Permanente de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de Hacienda entregaría los recursos a las alcaldías”.

En caso de ocurrir lo anterior habría un cambio fundamental en la relación del gobierno federal con los estados y quién sabe si los gobiernos estatales y soberanos se dejen. Sin embargo, la realidad está demostrando que muchas acciones de descentralización de recursos hacia los estados han sido un fracaso, no por el hecho de descentralizar, sino porque los estados han desviado los recursos; ejemplos claros hay en salud y educación, donde en esta última instancia el gobierno federal hubo de recuperar la nómina de los maestros para su administración.

Pero en todo esto hay un “prietito en el arroz” y es el referente a dónde estaban el gobierno federal y las Cámaras de Diputados, tanto federal como estatal, durante estos años, cuando el prófugo señor Duarte gobernaba, ya que los hechos y las corruptelas, según estamos viendo, vienen de años atrás, de muy poco tiempo después del inicio de su gobierno.

¿Las secretarías de Gobernación y Hacienda no sabían nada de lo que estaba ocurriendo? ¿Tampoco el Cisen tenía información? ¿En las auditorías que realiza el SAT a las empresas no se encontró algo irregular en las operaciones que hacían con el gobierno del estado y no se le halló algo a alguna persona, tanto del gobierno como particular, que haya sido auditada?

¿Qué hicieron la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de la República con los informes y las denuncias que realizó la Auditoría Superior de la Federación desde hace más de dos años? Ésta última fue quizá la primera institución que denunció el desastre que había sin que se le hiciera mucho caso, como lamentablemente ha ocurrido en muchas otras ocasiones.

Es decir, pareciera que durante muchos meses el gobierno permitió al señor Duarte seguir robando al erario federal y estatal; ésa es la impresión y es que en muchos existe la duda sobre si no todo lo que ha ocurrido en los últimos días estaba pactado. ¿Cómo es posible que ya siendo del conocimiento público el desastre y supuestamente después de una reunión con altos funcionarios del gobierno federal se haya presentado en un canal de televisión afirmando que iba a solicitar licencia para aclarar todo, y dos días después se encuentre prófugo? ¿A nadie se le ocurrió que esto podría pasar? O se está negociando su entrega a cambio de quién sabe qué, porque rumores hay muchos.

El caso de Veracruz es un caso de máxima indignación, no porque no haya otros estados en iguales circunstancias, sino porque todo apunta a un posible acuerdo para que el señor Duarte salga lo mejor librado. Pero ya veremos cuando lo “detengan”.