Reitera PGR que investiga presunta tortura en caso Iguala

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que están en proceso de análisis los presuntos casos de tortura en contra de algunos de los probables responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se apegaron al Protocolo de Estambul.

“Con respecto a este asunto yo tengo conocimiento que están en estudio y están en evaluación en este momento; ése es el proceso en el que yo sé que se encuentran”, comentó en entrevista Anel María del Rayo Mora, perito médico forense de la dependencia federal.

Excélsior dio a conocer el pasado martes que la PGR indaga 34 casos de tortura a igual número de personas relacionadas con el caso Iguala y que se apegaron a dicho instrumento internacional, el cual México adoptó en 2003, aunque el año pasado se modificó el acuerdo que estaba vigente por el A085/2015, que gira instrucciones a Agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y policías de la PGR para que investiguen el delito de tortura.

La especialista explicó que existen distintos tipos de tortura, ya sea psicológica, física o combinada, que debe determinarse a través de diversos estudios y exámenes realizados a las víctimas, por lo que en su investigación intervienen médicos, sicólogos, trabajadores sociales e investigadores en otras especialidades.

Igualmente, señaló que el delito de tortura no prescribe por lo que se puede denunciar en cualquier momento, ya sea por la propia víctima, su representante legal o por el titular de la PGR; además de que es obligación de las autoridades competentes informar al detenido que tiene derecho a denunciar cualquier irregularidad que vaya en contra del debido proceso.

“Nosotros no determinamos tortura, tortura es un término jurídico que únicamente le corresponde determinar al juez”, explicó la perito médico.

Evelyn Aguilar, subdirectora del área de análisis conductual de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detalló que en las denuncias por tortura relacionadas con el caso Iguala se está actuando como en cualquier otro caso y apegado a los estándares internacionales.

Sin embargo, señaló que no pueden revelarse detalles de los avances.

“Esa información para nosotros es muy importante que lo diga, como cualquier otra información es para nosotros de reserva, porque precisamente entorpeceríamos cualquier tipo de investigación, para nosotros la ética tiene que ver con esto, nosotros estamos comprometidos a guardar esta discreción”, sostuvo.

Una vez que concluye la intervención de los peritos, los dictámenes son puestos disposición de un juez quien decide si procede o no el delito de tortura, recordó.

Usaron celulares después de ataque

La agrupación criminal Guerreros Unidos usó el celular de uno de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, 34 días después de su desaparición en Iguala, Guerrero la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con registros oficiales de la Procuraduría General de la República, la línea móvil del estudiante Jorge Luis González Parral registró actividad, al menos, hasta el 30 de octubre de 2014, más de un mes después de su desaparición.

Según las investigaciones, gran parte de las “comunicaciones relevantes” que se mantenían desde el celular de Jorge eran con otra línea telefónica perteneciente a Lorena Juárez Reyes. 

Ante este caso, la PGR pidió a un juzgador federal la autorización para intervenir y rastrear georreferencialmente ambos teléfonos, misma que fue concedida por el juez Quinto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

“Resulta necesario conocer las comunicaciones que éstos (teléfonos) sostienen, no solamente entre sí, sino de momento a momento con todos los números que pudieran registrarse, toda vez  que existe plena certeza de que quienes perpetraron el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa resultan ser integrantes de los Guerreros Unidos”, señala la averiguación.

Un caso similar es el presentado en el segundo informe del GIEI en el que se revela que el teléfono celular del normalista Julio César López Patolzin estuvo activo, emitiendo y recibiendo mensajes de texto, así como llamadas y transferencia de datos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“El hecho de que distintos teléfonos y chips registraran activaciones después del 27 de septiembre de 2014, cuestiona la teoría de la PGR de que los teléfonos y chips fueron incinerados esa noche en el basurero de Cocula”, señala el GIEI.

El informe expone que tras la revisión y análisis de la telefonía de algunos de los normalistas se evidenció que algunos celulares estuvieron activos todavía unas horas o días después de la tragedia, pero no tanto tiempo como el de González Parral.

Según las indagatorias, cotejadas entre la versión pública del expediente de la PGR y el informe del GIEI, se han analizado seis líneas telefónicas, pertenecientes a Jorge Tizapa, Carlos Ramírez,  Eduardo Bartolo, Julio López, Jorge González, Magdaleno Lauro y Aníbal Cruz.

Los teléfonos de estos jóvenes presentaron actividad después de las 23:00 horas del  26 de septiembre, es decir, luego del momento en el que los estudiantes habrían sido atacados por policías.